Proyecto de ley de COVID-19 que dejó una miseria a los trabajadores está repleto de obsequios para grandes empresas

por Jacob Crosse
25 diciembre 2020

El proyecto de ley de ayuda COVID-19 aprobado por el Congreso esta semana proporcionó una miseria a los trabajadores afectados por la mayor crisis económica desde la Gran Depresión. Pero en los últimos días ha surgido que el proyecto de ley está lleno de limosnas para las grandes empresas y los superricos.

La gente hace cola para recoger productos frescos y artículos de despensa en las afueras del Barclays Center, ya que el Banco de Alimentos de la Ciudad de Nueva York proporciona asistencia a los necesitados debido a la pandemia COVID-19, el 10 de septiembre de 2020, en Nueva York.

En el proyecto de ley combinado de alivio y gasto se incluyen generosos incentivos fiscales para grandes empresas por un total de más de $110.000 millones para los productores de licores, los grupos de presión de la energía eólica, la Asociación Nacional de Carreras de Automóviles (NASCAR) y los fabricantes de motocicletas eléctricas. El Washington Post informó que los "extintores de impuestos" son "una especie de tradición de fin de año" que se añaden con frecuencia a las grandes facturas a petición de los grupos de presión de la industria.

Hablando con el Post, Howard Gleckman, un experto en política fiscal del Instituto Urbano, los caracterizó como un "tren de salsa para miembros y cabilderos". Añadió que son "clásicas exenciones de impuestos de interés especial que no benefician a la economía en general de ninguna manera".

Un extensor, presionado por los gigantes del licor y el alcohol, Anheuser-Busch y Bacardi North America, repone los recortes de impuestos que se convirtieron en ley en 2017 pero que expiraban este año sin la aprobación del Congreso. En una entrevista con el Post, el senador demócrata Ron Wyden (Oregón) defendió los recortes como una forma de "ayudar a los pequeños cerveceros y bodegas".

La prórroga concedida a la NASCAR se remonta a 2004 y ayudará a Brian France y al resto de la familia France, propietarios de la NASCAR y con un valor declarado de $5.700 millones, a seguir reclamando exenciones fiscales para sus instalaciones hasta el año 2025. Otro extensor concederá un crédito fiscal a los compradores de motocicletas eléctricas con un valor de hasta $2.500, o el 10 por ciento del coste del vehículo.

El proyecto de ley también incluye la llamada disposición de "tres martinis para almorzar", que permite a los ejecutivos de negocios deducir sus gastos de comida al 100 por ciento, en comparación con el 50 por ciento anterior, lo que llevará a una reducción de $5.000 millones en los ingresos fiscales, según la Fundación Tributaria. Si bien Trump ha defendido esta disposición desde abril, el proyecto de ley de estímulo no incluyó un fondo de $120 mil millones que había sido presionado por la Asociación Nacional de Restaurantes (NRA), que informó que el empleo dentro de la industria sigue siendo 2,1 millones de puestos de trabajo por debajo de su nivel anterior al virus.

Para añadir un insulto a la lesión, Trump amenazó con vetar el proyecto de ley el martes, aumentando la posibilidad de que millones de personas desesperadas no reciban ninguna ayuda durante semanas.

Mientras que el proyecto de ley es el más grande en la historia de los EE.UU. con casi 6.000 páginas, ni una sola línea se dedicó a proteger a los empleados federales de carrera de las represalias políticas y los despidos. Dos semanas antes de las elecciones Trump emitió una orden ejecutiva que le permitió reclasificar a los empleados federales y funcionarios que trabajan dentro de las agencias gubernamentales, como la Oficina de Presupuesto y Gestión, permitiéndoles ser despedidos con poca causa, similar a los nombramientos políticos. Se desconoce cuántos de los 2,1 millones de trabajadores federales, muchos de los cuales se ocupan de la elaboración de políticas o de dar consejos confidenciales a altos funcionarios, podrían verse afectados.

El llamado proyecto de ley de alivio de $900.000 millones que se ha adjuntado a un paquete general de $1,4 billones tampoco añade ningún lenguaje para frustrar una reciente orden ejecutiva emitida por la administración Trump que despoja a la mayoría de las protecciones de la administración pública de miles de empleados federales, abriéndolas a la terminación con poca causa o recurso.

Lejos de proporcionar un alivio directo e inmediato para los cientos de miles de empresas que han cerrado sus puertas, el proyecto de ley destina $284.000 millones para rellenar el fondo de sobornos corporativos conocido como el Programa de Protección de Cheques de Pago. Creado ostensiblemente para permitir que las pequeñas empresas reciban préstamos de bajo interés que pueden convertirse en subvenciones para retener a los trabajadores, en cambio, el programa ha sido aprovechado por los principales restaurantes, cadenas hoteleras, consultoras políticas y empresas rentables para enriquecerse y generar miles de millones en honorarios para los principales bancos, mientras se despide a miles de trabajadores.

Mientras tanto, el "alivio" es una fracción de los trabajadores de ayuda sin empleo y sus familias recibidas a principios de año. El proyecto de ley sólo extiende los beneficios federales de desempleo por 11 semanas a $300 por semana y un pago directo único de $600, la mitad de los $1,200 incluidos en la Ley CARES. Los estudiantes dependientes no serían elegibles para el cheque, ni los inmigrantes sin número de seguro social. El proyecto de ley sólo renueva la moratoria de desalojo del Centro de Control de Enfermedades por un mes, hasta el 31 de enero de 2021.

Ambas medidas vitales expirarán el 26 y el 31 respectivamente, dejando a unos 13 millones de personas cobrando el desempleo sin nada el día después de Navidad, mientras que unos 19 millones se enfrentan al desalojo el 1 de enero de 2021. Cabe señalar también que la moratoria no ha impedido el desalojo de cientos de miles de personas.

A pesar del carácter frenético de las dos últimas semanas de negociaciones, lo cierto es que ambos partidos políticos han negado deliberadamente la ayuda al desempleo a los trabajadores en un intento de chantajearlos para que vuelvan a trabajar con el fin de generar beneficios.

Mientras que el Congreso pudo reunirse y aprobar casi unánimemente la Ley CARES a finales de marzo, que proporcionó unos $6 billones al Tesoro y a la Reserva Federal; la escasa asistencia a los trabajadores sin empleo en forma de pagos de desempleo de $600 semanales hasta julio y un pago directo de $1.200 por única vez fue considerada un "desincentivo" por la clase dirigente y un obstáculo para la continua extracción del valor laboral excedente. Por lo tanto, el retraso deliberado y la demanda del presidente electo Joe Biden de que las escuelas sean reabiertas, sin importar qué, dentro de los primeros 100 días de su administración para obligar a los padres a volver al trabajo.

Mientras el Congreso vacila sobre la miseria que se ahorrará para evitar un movimiento social masivo desde abajo, miles de familias se preguntan dónde dormirán después de ser desalojados a pesar de la moratoria del CDC. Hablando con la CNN, Jordan Mills, junto con su compañero Jonathan Russel y su hija de dos años Valkyrie, fueron desalojados este mes incluso después de proporcionar una declaración del CDC a su propietario y al tribunal, así como de hacer un plan de pago con su propietario.

"Gente como yo sigue siendo desalojada por falta de pago", dijo a la CNN. Mills intentó presentarse en su audiencia en el tribunal para impugnar el procedimiento. Sin embargo, no pudo asistir debido al costo del estacionamiento. "No podía pagar el estacionamiento; todo son 20 dólares. Estoy viviendo literalmente mano a mano. Me pagaron ayer. Tengo $4 a mi nombre".

Las perspectivas de trabajo siguen siendo escasas para millones de trabajadores cuyas industrias han sido arrasadas por la actual pandemia. Los últimos reclamos iniciales del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos revelaron otra semana histórica de pérdida de empleos con 803.000 reclamos iniciales presentados la semana pasada. Además, se presentaron otras 397.511 reclamaciones bajo el programa federal de Asistencia de Desempleo por Pandemia, creado para los trabajadores contratados, los trabajadores autónomos y los trabajadores de "gigas", lo que eleva el número total de reclamaciones iniciales a más de 1,2 millones, que bajo cualquier otra circunstancia se considerarían catastróficas.

Más de 20,3 millones de personas están cobrando alguna forma de desempleo, una ligera disminución con respecto a la semana anterior, lo que refleja el hecho de que la financiación de varios estados se ha agotado o los desempleados han agotado todos sus derechos. Aproximadamente 5,44 millones de personas están cobrando beneficios estatales, mientras que aproximadamente 9,2 millones están cobrando beneficios federales a través del programa PUA y casi 4,8 millones están cobrando a través del programa de Compensación de Desempleo de Emergencia por Pandemia, que proporciona 13 semanas de pagos para aquellos cuyos beneficios estatales han caducado.

Desde el aumento inicial de las solicitudes de desempleo a mediados de marzo tras la aplicación de las medidas de cierre fortuito, se han presentado más de 72 millones de solicitudes iniciales, casi el doble de los 37 millones de solicitudes presentadas durante la Gran Recesión de 2008. Los niveles sin precedentes de pérdida de empleo y la miseria social que la acompaña, junto con la creciente comprensión de que cualquier asistencia exigua que surja no será ni de cerca suficiente para recuperar lo que se ha perdido, están llevando a millones de trabajadores desempleados y a sus familias a la indigencia.

Como ejemplo del carácter grave y desigual de la crisis social, mientras que la riqueza de los multimillonarios estadounidenses ha aumentado en más de un billón de dólares desde el comienzo de la pandemia, los ingresos personales estadounidenses disminuyeron en un 1,1%, o $221.800 millones, en noviembre. En Illinois, el Greater Chicago Food Depository publicó el martes un informe que muestra que un promedio de 50 por ciento más de personas en el Condado de Cook estaba buscando ayuda este año en comparación con el año pasado. Citando una investigación de Feeding America, que estima que 54 millones en los EE.UU. enfrentan la inseguridad alimentaria, casi 270.000 hogares más en comparación con 2018 tuvieron problemas para encontrar suficiente comida.

Cualquiera que sea el monstruo de Frankenstein de un proyecto de ley que surge de las prolongadas maniobras políticas y los acuerdos de trastienda que ha retrasado y negado el alivio para millones de personas durante meses, lo que ha llevado a dificultades innecesarias y a muertes en masa, el hecho ineludible es que el gobierno de los EE.UU. no tiene interés en salvaguardar la vida y el bienestar de la mayoría de la población. La lucha para salvar vidas, poner fin a la pandemia y proporcionar vivienda y alimentos para todos comienza con el reconocimiento de que los trabajadores deben organizarse para sus propios intereses sobre una base de clase compartida en oposición a todo el sistema capitalista.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 23 de diciembre de 2020)

 

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