El gobierno griego continúa con los desalojos de más de 11.000 solicitantes de asilo

por John Vassilopoulos
1 septiembre 2020

Desde el 1 de junio, las autoridades griegas han iniciado procedimientos de desalojo contra más de 11.000 refugiados, cuya solicitud de asilo fue aprobada antes del mayo de este año.

La medida está siendo aplicada por la legislación del gobierno conservador de Nueva Democracia (ND) que entró en vigor en marzo. Estipula que una vez aprobada una solicitud de asilo, los refugiados tienen 30 días para abandonar los campamentos, apartamentos y hoteles en los que están alojados. Se eliminan todas las prestaciones sociales a las que tenían derecho como solicitantes de asilo.

Los 67 hoteles que operan como instalaciones de acogida de solicitantes de asilo en el país cerrarán a finales de año.

Las acciones del gobierno de ND son particularmente brutales, ya que los desalojos se están llevando a cabo en medio de un resurgimiento de la pandemia COVID-19, con cientos de nuevas infecciones anunciadas cada día.

Los migrantes afganos acampan con sus familias tras su llegada desde el campo de Moria en Lesbos. (Foto AP / Yorgos Karahalis)

Las medidas están siendo sancionadas en virtud de una enmienda añadida a la llamada "Ley de Protección Internacional" (LPI), que fue aprobada por el parlamento griego a finales de 2019 y entró en vigor a principios de este año. La legislación punitiva es una gama de medidas punitivas, que incluyen un nuevo proceso acelerado de solicitud de asilo que erosiona gravemente el derecho a solicitar asilo protegido formalmente por el derecho internacional. El nuevo proceso se está aplicando de forma prioritaria a los que han llegado desde principios de este año, procesándose a los muchos reclamos pocos días de su llegada. La ley permite que los reclamos sean rechazados como resultado de infracciones administrativas menores, como no asistir a una entrevista de reclamo o no renovar el registro a tiempo.

La legislación consagra en ley el entorno hostil que los refugiados ya enfrentan en Grecia para disuadir a otros de venir. Eso fue aclarado por el ministro de Migración y Asilo, Notis Mitarakis, en una entrevista a Skai TV a principios de marzo cuando declaró: “Nuestro objetivo es dar asilo en un plazo de dos a tres meses a quienes tienen derecho y, posteriormente, retirar los beneficios y alojamiento porque todo eso atrajo a la gente a venir a nuestro país y aprovechar estos beneficios”.

El proceso de desalojos, que se retrasó unos meses mientras Grecia había cerrado sus fronteras, ha provocado escenas visibles de indigencia con cientos de refugiados, muchos de ellos familias, durmiendo en la Plaza Victoria en el centro de Atenas. Un artículo publicado en Vice el 21 de agosto informó que, "los bebés recién nacidos y los ancianos discapacitados se encuentran entre los que acampan en colchonetas y cajas de cartón, expuestos a un calor abrasador y sin comida ni agua".

Un informe publicado el 3 de agosto por Refugee Support Aegean (RSA, Apoyo Egeo de los Refugiados) documentó los casos de varias familias vulnerables que fueron desalojadas recientemente del notorio campamento de Moria en la isla de Lesbos, solo para encontrarse sin hogar en Victoria Square.

Citó el caso de Abdul, un sobreviviente de tortura de Afganistán y padre de un niño autista: “El estado de mi hijo es muy grave. No puede estar en lugares ruidosos, bajo estrés. Cualquier tensión adicional empeora su psicología y su salud. Desde que [nos encontramos] en las calles de Atenas, parece [sufrir] fuertes dolores de cabeza. A menudo se sostiene la cabeza; la presiona y la golpea. Nuestro mayor problema es que no tenemos hogar, ni lugar seguro, ni protección… Estamos enfermos y nos enfermamos más. Estamos estresados y nos estresamos más. Siento un miedo profundo dentro de mí ... "

Human Rights Watch citó el caso de Basira, “una mujer de 21 años de Afganistán que está sola en Grecia”. Este mes solo le dieron unos días para dejar su tienda en el campamento de Moria después de que le concedieran asilo. Basira dijo: “Cortaron la asistencia monetaria y me dijeron que tenía que irme… Dijeron que si vuelven y me encuentran [en la carpa] me llevarán por la fuerza. Sentí miedo y desesperación porque estoy solo, no sabía a dónde ir".

El ministro de Migración y Asilo, Mitarakis, intentó de manera provocativa echar la culpa a los propios refugiados al tuitear el 3 de julio: “Este año, 16.000 migrantes salieron de nuestras islas, lamentablemente 110 personas están en la plaza Victoria. Hay un programa de apoyo para encontrar vivienda y trabajo, deben 'estar de pie', no podemos darles privilegios de por vida".

Una comunicación escrita en nombre de la RSA en junio ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos desmiente las afirmaciones de Mitarakis al destacar el laberinto kafkiano al que se enfrentan los refugiados que buscan "ponerse de pie". Declaró: “Los titulares de estatus en Grecia continúan enfrentando desafíos específicos planteados por severas barreras administrativas para acceder a diferentes tipos de documentación oficial. Estos obstáculos impiden que las personas cumplan con los requisitos previos de documentación necesarios para acceder a derechos clave como la atención médica, la vivienda, el bienestar social y el acceso al mercado laboral en igualdad de condiciones que los nacionales”. Un ejemplo de ello es el Número de Identificación Fiscal (AFM), cuya emisión requiere comprobante de domicilio. Sin embargo, esto coloca a los desalojados recientemente en una situación de Catch-22, ya que la AFM también está obligada a alquilar una propiedad en primer lugar, así como a abrir una cuenta bancaria.

La nueva legislación ha ido acompañada de una intensificación de los llamados "retrocesos" por parte de la Guardia Costera griega, que implica obligar a los barcos llenos de refugiados y migrantes a cruzar la frontera marítima de Grecia, una práctica que es ilegal según el derecho internacional.

Según un informe de investigación publicado por el New York Times el 14 de agosto, desde marzo han tenido lugar al menos 31 incidentes separados de este tipo que involucran al menos a 1.072 solicitantes de asilo. Según el informe, "los migrantes han sido obligados a subir a balsas salvavidas a veces con fugas y dejados a la deriva en la frontera entre las aguas turcas y griegas, mientras que otros han sido abandonados en sus propios botes después de que los funcionarios griegos apagaran sus motores".

El artículo citó el testimonio de Najma al-Khatib, una maestra siria de 50 años, que dice que funcionarios griegos enmascarados se la llevaron a ella y a otras 22 personas, incluidos dos bebés, al amparo de la oscuridad desde un centro de detención en la isla de Rodas en julio. 26 y los abandonó en una balsa salvavidas sin timón y sin motor antes de que fueran rescatados por la Guardia Costera turca.

Najma, que sobrevivió este incidente, le dijo al NYT: "Salí de Siria por temor a un bombardeo, pero cuando esto sucedió, deseé haber muerto bajo una bomba".

En respuesta al informe del New York Times, Ylva Johansson, que supervisa la política migratoria en la Comisión Europea, expresó su "preocupación", pero afirmó que era "impotente para investigar su validez". Añadió: “No podemos proteger nuestra frontera europea violando los valores europeos y violando los derechos de las personas. El control de fronteras puede y debe ir de la mano del respeto a los derechos fundamentales”.

Esta retórica vacía contradice el hecho de que la política de Grecia forma parte de los objetivos estratégicos más amplios de la UE.

La propia Johansson voló a Grecia en marzo junto con la Directora General de Migración y Asuntos Internos de la Comisión Europea, Monique Pariat, donde mantuvieron reuniones con Mitsotakis y Mitarakis. Según un anuncio de la Comisión, la visita fue "como continuación de las medidas de apoyo anunciadas la semana pasada sobre la gestión de la crisis migratoria en Grecia".

Hacia finales de junio, en una carta a Mitarakis, Pariat elogió "el progreso realizado por las autoridades de migración y asilo bajo la dirección del Sr. Mitarakis", y agregó que sus esfuerzos "no son solo importantes para Grecia y la UE".

Más inquietante es que la agencia de patrulla fronteriza de la UE, Frontex, se ha comprometido a aumentar sus fuerzas en el Egeo. A principios de marzo, justo cuando Grecia estaba intensificando sus operaciones de retroceso, el director ejecutivo de Frontex, Fabrice Leggeri, declaró: “Dada la rápida evolución de la situación en las fronteras exteriores griegas con Turquía, mi decisión es aceptar el lanzamiento de la intervención fronteriza rápida solicitada por Grecia. Es parte del mandato de Frontex ayudar a un Estado miembro que se enfrenta a una situación excepcional, solicitando apoyo urgente con funcionarios y equipos de todos los Estados miembros de la UE y países asociados a Schengen.

"A partir del próximo año, podremos contar con los primeros 700 oficiales del cuerpo permanente de la Guardia Europea de Fronteras y Costas para brindar flexibilidad operativa en caso de una intervención fronteriza rápida". Se quejó: "Hoy, dependemos completamente de los Estados miembros de la UE y los países asociados a Schengen para que las contribuciones lleguen en este momento crucial".

Evelien van Roemburg, directora de la campaña migratoria de Oxfam en Europa, señaló: “La Unión Europea es cómplice de este abuso, porque durante años ha estado utilizando a Grecia como campo de prueba para nuevas políticas migratorias. Estamos extremadamente preocupados de que la UE ahora utilice el sistema de asilo de Grecia como modelo para la próxima reforma de asilo de Europa".

La oposición pseudoizquierdista, Syriza (Coalición de la Izquierda Radical), está intentando retratar las medidas de ND como inhumanas y su propio período en el cargo de 2015-19 como uno que vio la integración armoniosa en la sociedad de inmigrantes y solicitantes de asilo.

¡Qué fraude! Grecia se convirtió en el guardia fronterizo y carcelero de Europa bajo el gobierno de Alexis Tsipras, como parte de un trato sucio que Grecia acordó con la UE y Turquía. Como señaló el WSWS, en su serie sobre el legado reaccionario de Syriza, el acuerdo “eliminó el derecho básico al asilo y fue considerado ilegal por varias organizaciones de derechos humanos y las Naciones Unidas. Desde entonces, encarcelados en los puntos críticos superpoblados, miles de refugiados han pasado años en condiciones catastróficas. Dos meses después del acuerdo, el gobierno de Syriza empleó gases lacrimógenos y granadas aturdidoras contra los refugiados que protestaban en Idomeni y ordenó la limpieza del campo”.

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(Artículo publicado originalmente en inglés el 31 de agosto de 2020)