¡Detengan la extradición de Julian Assange!

Espiar a los abogados de Assange de la CIA expone operación criminal contra el fundador de WikiLeaks

4 diciembre 2019

En semanas recientes, la prensa española ha publicado múltiples reportes de que EE. UU. espió al editor de WikiLeaks, Julian Assange, y monitoreó sus comunicaciones confidenciales con abogados en la Embajada ecuatoriana en Londres.

Fundador de WikiLeaks, Julian Assange [crédito: AP Photo/Matt Dunham]

Las revelaciones son prueba de que la campaña para extraditar y enjuiciar a Julian Assange constituye una farsa ilegal, comenzando por las acusaciones falsas de asalto sexual inventadas como pretexto para detener a Assange en primer lugar. Toda la élite política y la prensa en EE. UU. y Reino Unido, con el apoyo de Australia, Suecia y Ecuador, así como de políticos “izquierdistas” como Jeremy Corbyn y Bernie Sanders, han conspirado para vilipendiar a Assange como un monstruo, dejándolo pudrirse en la prisión Belmarsh de Londres, donde ha sido sometido a lo que el relator de la ONU, Nils Melzer, califica como “tortura”.

Lo que el Gobierno estadounidense presenta como una extradición se aproxima más a una entrega extraordinaria, una operación extrajudicial de secuestro gubernamental para una detención arbitraria, tortura y castigo sumario.

El viernes, el diario español El País reportó que oficiales británicos se vieron obligados a revertir una decisión previa que negaba una Orden de Investigación Europea presentada por el juez español José De la Mata el 25 de septiembre. La orden era parte de una investigación sobre lo que De la Mata califica como esfuerzos del Gobierno estadounidense para “invadir la privacidad de Assange y sus abogados colocando micrófonos dentro de la Embajada ecuatoriana en Londres sin el consentimiento de los afectados”.

El 26 de septiembre, el día después de que De la Mata presentara la orden, El País publicó otro conjunto de registros de cómo la firma de seguridad española UC Global espió a Assange a instancias de la Agencia Central de Inteligencia de EE. UU. (CIA, todas las siglas en inglés) y les pasó grabaciones de video audio de las reuniones entre Assange y sus abogados, así como borradores de documentos legales privados preparados por los abogados.

El País escribió el viernes que el rechazo inicial de la orden fue un atropello tan flagrante de las normas legales que “generó inquietud en círculos jurídicos” de Reino Unido. Ahora que la decisión fue cancelada, De la Mata entrevistará a Assange por video el 20 de diciembre.

En un procedimiento penal normal, la evidencia de que la Fiscalía había grabado ilegalmente las conversaciones entre el acusado y sus abogados anularía el juicio y los cargos, liberaría al acusado, inhabilitaría los credenciales y llevaría al procesamiento de todos los responsables.

Pero este no es un caso “normal”. Assange no se enfrenta a una extradición por violar alguna ley, sino por ser un opositor político de los Gobiernos de EE. UU. y Reino Unido, habiendo expuesto evidencia de crímenes de guerra estadounidenses en Irak y Afganistán que, de lo contrario, no hubieran sido reportados por la obediente prensa corporativa. Si es extraditado a EE. UU., Assange encara una posible pena de 175 años en prisión bajo la Ley de Espionaje.

La extradición y el encarcelamiento de Assange constituyen un ataque a los principios democráticos básicos consagrados por cientos de años en el derecho constitucional y común. El Colegio de Abogados de EE. UU. llama el privilegio de cliente-abogado “el tesoro real de la profesión legal”. La Corte Suprema de EE. UU. indica que “es el privilegio más antiguo para las comunicaciones confidenciales conocidas como derecho común”.

El Gobierno más poderoso del mundo, con una cartera sin fondo, una prensa servil y el acceso a las discusiones de privilegio entre Assange y sus abogados, ha silenciado a Assange y lo ha privado del derecho a presentar una defensa legal ante los cargos en su contra.

¿Cómo puede Assange presentar su caso cuando su adversario ya posee las grabaciones de audio y video de sus discusiones estratégicas con su asesoría legal? ¿Cómo puede ejercer su derecho a interrogar a testigos en su contra cuando el Gobierno ya sabe las preguntas que sus abogados planean hacer? ¿Cómo puede presentar evidencia para exonerarlo cuando el Gobierno ha tenido meses o años para planear su respuesta? ¿Cómo pueden los abogados de Assange cumplir con su deber de investigar los hechos cuando Assange sabe que el Gobierno escucha todo lo que les dice?

Bajo estas condiciones, se le han negado a Assange sus derechos en la Quinta Enmienda a la Constitución de EE. UU. al debido proceso y de la Sexta Enmienda a una asesoría legal. El daño es irreversible. La totalidad de cualquier juicio en suelo estadounidense estaría contaminada por los frutos de este árbol envenenado.

Ante esta exposición de criminalidad estadounidense, el New York Times ha restado importancia al espionaje. En un artículo publicado el domingo, el Times pone en cuestión la afirmación de Assange de que la violación del derecho al privilegio de cliente-abogado pone en duda la legalidad de la extradición.

“Los tribunales británicos probablemente no aceptarán ese argumento, según Amy Jeffress, una abogada de Arnold & Porter en Washington y exrepresentante del Departamento de Justicia en la Embajada estadounidense en Londres”, escribió el Times. “Dijo que el estándar legal atañe a si la extradición cumple con la Ley de Derechos Humanos británica, que protege el derecho a la privacidad pero lo contrapone a consideraciones como de seguridad nacional y el combate al crimen”.

Ni el Times ni su fuente son neutrales. Amy Jeffress es una exfiscala federal del mismo distrito en que Assange se enfrenta a su juicio. Le dijo a PBS News en abril de 2019 que era un “hecho” que Assange intentó “asistir a la entonces Bradley Manning ayudándole a descifrar una contraseña para ganar acceso a lo que ambos sabían que era información computarizada que contenía información clasificada”. De esta forma, presentó como un “hecho” lo que era y sigue siendo una mera acusación hecha por el Estado.

Jeffress también fue citada en un reporte de prensa de la CIA en marzo de 2018 apoyando la nominación de Gina Haspel como directora de la CIA, indicando, “Trabaje estrechamente con Gina durante mi servicio gubernamental. Es reflexiva, consciente y está comprometida al Estado de derecho”.

Contrario al argumento de la CIA, Jeffress y el Times, el Artículo 6 de la Ley de Derechos Humanos de Reino Unido deja en claro que “todos tienen el derecho a un juicio justo y público dentro de un tiempo razonable por parte de un tribunal independiente e imparcial establecido por derecho” y que “todos los acusados de una ofensa criminal” tienen el derecho “a un tiempo e instalaciones adecuadas para preparar su defensa” y el derecho a defenderse “por medio de la asistencia legal de su elección”.

En un caso de 1995, el presidente del Tribunal Supremo de Inglaterra, Peter Taylor, dejó en claro que, bajo el derecho británico, “el cliente debe estar seguro de que lo que le dice a su abogado nunca será revelado sin su consentimiento”. Añadió: “El privilegio profesional legal es más que una ordinaria norma de evidencia, limitada en su aplicación a los hechos de un caso en particular. Es una condición fundamental en la que la depende la gestión de la justicia en su conjunto”. El principio, continuó, fue establecido, “de una vez por todas en el siglo dieciséis y, desde entonces, se ha aplicado de manera generalizada en todos los casos, independientemente de los méritos individuales del cliente”.

La destrucción de estos derechos fundamentales en la conspiración ilegal para encarcelar, castigar y silenciar a Julian Assange —junto al derecho de la Primera Enmienda a la libertad de expresión y de la prensa— deja en claro lo central que es el ataque a Assange en la ofensiva global contra los derechos democráticos de la clase obrera y el giro de las élites gobernantes a formas dictatoriales de gobierno.

La defensa de Julian Assange y Chelsea Manning, quien sigue encarcelada por el “crimen” de rehusarse a rendir testimonio contra Assange, es una cuestión de vida o muerte para los derechos democráticos. Si se establece el precedente en que esta farsa se declara “justa”, no habrá vuelta atrás. Todas las organizaciones que han guardado silencio sobre Assange, incluyendo la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) y el Gremio Nacional de Abogados (NLG), son cómplices.

La habilidad de EE. UU. y Reino Unido para llevar a cabo la entrega extraordinaria de Assange no está nada garantizada. La oposición está aumentando, como lo evidencia la carta publicada la semana pasada por docenas de doctores advirtiendo que Assange podría morir en prisión. El futuro de Assange será decidido en lucha. El resultado de esta lucha depende del grado en que la clase obrera se movilice y lidere a los elementos más sanos de la clase media en la defensa de Julian Assange. Para sumarte a esta lucha, contacta al Partido Socialista por la Igualdad hoy.

(Artículo publicado originalmente el 3 de diciembre de 2019)

Eric London