Jueza británica encarcela a Assange indefinidamente, a pesar del final de la pena de prisión

por Oscar Grenfell
16 septiembre 2019

En una audiencia en la Corte de Magistrados de Westminster ayer por la mañana, la jueza del distrito británico Vanessa Baraitser dictaminó que el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, permanecerá en prisión, a pesar de que su sentencia privativa de libertad bajo fianza expira el 22 de septiembre.

Julian Assange

El fallo es el último de una serie de ataques contra los derechos legales y democráticos de Assange por parte del poder judicial británico. Significa que el editor y periodista será detenido hasta los procedimientos judiciales del febrero próximo para su extradición a los Estados Unidos, donde enfrenta 175 años de prisión por exponer crímenes de guerra estadounidenses.

Teniendo en cuenta que el proceso de extradición es probablemente implicando una prolongada batalla legal, la decisión de Baraitser potencialmente limita a Assange a la prisión de máxima seguridad de Belmarsh en los años venideros.

El caso judicial se presentó ampliamente en los medios corporativos como una audiencia de fianza para Assange. Una declaración publicada por la cuenta oficial de Twitter de WikiLeaks esta mañana rechazó estas afirmaciones, explicando: "La audiencia de esta mañana no fue una audiencia de fianza, fue una audiencia técnica. A pesar de esto, la magistrada rechazó preventivamente la fianza antes de que la defensa lo solicitara”.

WikiLeaks declaró: “La magistrada dice que Assange permanecerá en prisión indefinidamente. Él ha estado en una forma creciente de privación de libertad desde su arresto hace 9 años, una semana después de que comenzó a publicar Cablegate". "Cablegate" se refiere a la publicación en 2010 de WikiLeaks de cientos de miles de cables diplomáticos estadounidenses, exponiendo las sórdidas intrigas del gobierno estadounidense y sus aliados en todo el mundo.

En declaraciones dirigidas a Assange, Baraitser dijo: “Usted ha sido presentado hoy porque su sentencia de prisión está a punto de terminar. Cuando eso suceda, su estado de prisión preventiva cambiará de un preso en servicio a una persona que enfrenta la extradición".

Ella continuó: “Por lo tanto, le he dado a su abogado la oportunidad de presentar una solicitud de fianza en su nombre y ella se ha negado a hacerlo. Quizás no sea sorprendente a la luz de su historial de fugas en estos procedimientos”. Sin embargo, esta afirmación es contradice por la declaración de WikiLeaks, que acusa a la jueza de evitar cualquier solicitud de fianza por parte de los abogados de Assange.

Baraitser declaró: "En mi opinión, tengo un fundamento sustancial para creer que si lo libero, volverá a esconderse".

Una audiencia administrativa adicional está programada para el 11 de octubre, seguido por una audiencia de administración de casos el 21 de octubre.

La decisión de Baraitser se basó en la afirmación fraudulenta de que Assange "huía" ilegítimamente bajo la fianza en 2012. En realidad, Assange ejerció su derecho, protegido por el derecho internacional, a solicitar asilo político en la embajada de Ecuador en Londres. Lo hizo después de que los tribunales británicos dictaminaron que sería extraditado a Suecia para "responder a preguntas" sobre acusaciones de mala conducta sexual fabricadas y políticamente motivadas.

Las autoridades británicas y suecas se negaron a explicar por qué era necesario la extradición para que se llevara a cabo una "investigación preliminar", o por qué los fiscales suecos no estarían de acuerdo con la oferta reiterada de Assange de responder a cualquier pregunta de Londres. Assange finalmente fue interrogado por los fiscales en diciembre de 2016, después de lo cual abandonaron su "investigación" fraudulenta en abril de 2017.

El problema para Assange fue que las autoridades suecas se negaron a garantizar que no lo extraditarían a los Estados Unidos si está bajo su custodia.

El hecho de que buscar asilo fuera necesario para proteger a Assange de un juicio político motivado políticamente por Estados Unidos se confirmó por completo en abril de este año, cuando el Departamento de Justicia de la administración de Trump reveló 17 cargos de espionaje contra él. Si es declarado culpable de los cargos de espionaje y un delito menor, Assange enfrentaría la cadena perpetua de hasta 175 años de prisión.

Assange fue declarado culpable de fugarse bajo fianza, como resultado de su solicitud de asilo político, solo horas después de que fue expulsado ilegalmente de la embajada de Ecuador en Londres y arrestado por la policía británica el 11 de abril.

La jueza británica que presidió la audiencia ignoró el hecho de que Assange había perdido las fianzas que sus partidarios habían pagado; que había pasado cerca de siete años efectivamente detenido por las autoridades británicas en el pequeño edificio de la embajada; y que su derecho a solicitar asilo político había sido reiteradamente confirmado por los organismos de las Naciones Unidas.

Assange fue sentenciado a 50 semanas. Según la legislación británica, la sentencia máxima por una violación de la fianza es de 52 semanas. Los condenados por tal delito, sin embargo, son elegibles para ser liberados después de la mitad de ese tiempo cumplido.

La negativa de Baraitser a liberar a Assange demuestra el desprecio vengativo de la clase dirigida británica a las advertencias sobre su salud física y mental.

Los visitantes recientes de Assange, incluyendo John Pilger y el hermano del fundador de WikiLeaks, Gabriel Barber-Shipton, han declarado que ha perdido una cantidad significativa de peso. Barber-Shipton advirtió públicamente, después de visitar a Assange el mes pasado, que teme que "quizás nunca vuelva a ver" a su hermano.

El relator especial de la ONU sobre la tortura, Nils Melzer, quien descubrió a principios de este año que Assange fue víctima de una prolongada campaña de "tortura psicológica", ha condenado repetidamente a las autoridades británicas por encarcelarlo en una prisión de máxima seguridad.

En una carta al gobierno británico en mayo, Melzer declaró que las condiciones de la detención de Assange habían resultado en su "exposición continua al sufrimiento psicológico progresivamente severo y la exacerbación continua de su trauma preexistente".

Durante los últimos cinco meses, Assange ha estado recluido con frecuencia en condiciones de aislamiento virtual. Su derecho a recibir visitas ha sido muy restringido y se le ha negado el acceso a una computadora, la biblioteca de la prisión y los documentos legales relacionados con su defensa contra la extradición de los Estados Unidos.

La decisión de ayer demuestra la determinación del sistema legal y político británico de pisotear los derechos democráticos de Assange y facilitar su extradición. Un enjuiciamiento estadounidense de Assange por las actividades de publicación legal de WikiLeaks representaría un ataque radical contra los derechos democráticos fundamentales, incluyendo la libertad de expresión y la libertad de prensa.

El cruel juicio subraya la urgente necesidad de transformar la simpatía masiva de Assange entre trabajadores, estudiantes y jóvenes de todo el mundo, a un movimiento político consciente que luche por su libertad inmediata.

En Australia, se debe ejercer una presión máxima sobre el gobierno federal liberal-nacional para obligarlo a defender los derechos de Assange como ciudadano y periodista australiano. Debe exigirse internacionalmente que el gobierno australiano intervenga con todo su peso diplomático y discreción legal para asegurar la liberación inmediata de Assange de la prisión de Belmarsh y su derecho a regresar a Australia, si así lo desea, con una garantía contra la extradición a los Estados Unidos.

(Publicado originalmente en inglés el 14 de septiembre 2019)