Huelga regional contra proyecto minero desata divisiones dentro de gobierno peruano en crisis

por Armando Cruz y Cesar Uco
24 agosto 2019

Desde el 5 de agosto, la región sureña de Perú, Arequipa ha estado envuelta en una huelga regional y protestas masivas contra la otorgación de una licencia por parte del gobierno para iniciar la construcción de dos minas a tajo abierto en le región desértica de La Joya. El proyecto minero, que sería en Cocachacra, en la provincia Islay de Arequipa es comúnmente conocida como "Tía María".

Los sindicatos y las organizaciones de la comunidad hicieron el llamado para una huelga indefinida que comienza hoy, 22 de agosto, contra el proyecto. El martes, los manifestantes y la policía se enfrentaron de nuevo en el distrito de Matarani, en donde se encuentra el segundo puerto más grande de Perú por el cual fluyen la mayoría de las exportaciones mineras y agrícolas.

La compañía detrás del proyecto Tía María es Southern Copper (SC). Es una subsidiaria de Grupo México, la compañía minera más grande de México, que ha sido ampliamente criticada por dañar al medio ambiente mexicano por medio de sus desechos minerales, derrames y otras actividades que obviamente no están restringidas a México. En Perú y otros lugares, cuando los restos mineros no son abiertamente vertidos en ríos y en el mar, son almacenados en represas precariamente construidas que tienden a colapsar, como trágicamente se vio en el desastre de la represa Mariana en Brasil en el 2015 que mató a 19 personas en Brasil.

El proyecto Tía María fue anunciado por primera vez en 2003, pero no fue hasta el 2009 que SC presentó un Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Un EIA es una investigación obligatoria sobre el potencial impacto ambiental en un área que una empresa quiere explotar. Por ley, ningún proyecto minero puede comenzar su desarrollo sin la aprobación por parte del Ministerio de Minas y Energía (MINEM) de un EIS presentado por una compañía, el cual asegurara que su proyecto no dañara el medio ambiente ni cualquier actividad humana relacionada.

La población local de granjeros y trabajadores agrícolas en el Valle del Tambo en Cocachacra dependen del uso del cercano rio Tambo para sus productos los cuales exportan a otras regiones, incluso tan lejos como Bolivia. A ellos les preocupa las consecuencias del proyecto, como el polvo levantado por las explosiones gigantes necesarias para abrir las minas y el uso del agua del rio Tambo y su contaminación.

Para darle al EIA credibilidad, el MINEM lo envió para que fuera revisado por la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS, siglas en ingles), esperando que fuera aprobado por esta institución y que de esta manera obtuviera una excusa política para otorgar la licencia de construcción a SC.

Sin embargo, UNOPS declaró exactamente lo contrario de lo que el MINEM y SC habían querido. En su revisión, encontró que el EIS elaborado por SC se preocupaba principalmente por el uso del agua del río Tambo pero también sobre el posible uso del peligroso mercurio en las operaciones. El MINEM abruptamente terminó el contacto con la ONU y ningún otro EIS de Perú ha sido presentado a la UNOPS desde entonces.

La inconveniente revisión de la UNOPS profundizo la desconfianza del pueblo de Islay hacia el proyecto de Tia Maria pero detrás de su oposición también yace la bien conocida devastación ambiental producida por la minería en otras regiones del Perú. Un ejemplo claro es la región de Cajamarca en donde la nacional Corporación Buenaventura dreno lagunas enteras para poder convertirlas en minas de tajo abierto, alterando para peor las vidas de miles de personas. Después de casi dos décadas de operaciones mineras extractivas, Cajamarca sigue siendo una de las provincias más pobres del Perú.

La región de Arequipa también tiene una historia de militancia y oposición a los dictados provenientes de la capital Lima; en 1956 un levantamiento masivo condujo a la caída del dictador apoyado por EUA, Manuel Odria, quien había oprimido brutalmente y encarcelado a miembros del burgués nacionalista movimiento APRA.

En abril de 2011, se convocaron protestas y huelgas por la Junta de usuarios del Tambo y el Frente de Defensa del Valle del Tambo, dos organizaciones de base que representan a granjeros, trabajadores agrícolas y pequeños negocios preocupados por Tía María que no tienen vínculos oficiales a los partidos políticos y sindicatos peruanos. Su principal demanda fue la completa cancelación del proyecto. El gobierno "nacionalista" del presidente Ollanta Humala envió policía militarizada para reprimir a los manifestantes, lo que resulta en tres muertos. Eventualmente, el gobierno no tuvo opción más que suspender el proyecto.

En el 2013, SC anuncio un nuevo EIA en el cual confrontaron el problema del suministro de agua anunciando la construcción de una planta de desalinización que usaría agua del océano Pacifico en vez del rio Tambo para el proyecto. Este nuevo EIA fue aprobado por el MINEM y las protestas una vez más brotaron en el 2015 oponiéndose al proyecto y exigiendo su cancelación. Una vez más, el MINEM retrocedió y suspendió el proyecto.

Entonces, en Julio de este año, con el EIA de SC a punto de expirar en menos de un mes, el gobierno decidió otorgar la licencia de construcción para el proyecto Tía María. Conscientes de que esto significaría otra confrontación con los habitantes de Tambo, SC declaro que abriría un "dialogo" con la comunidad antes de que la construcción real comience.

Una vez más, las organizaciones de base del Tambo hicieron un llamado para una huelga a escala regional el 5 de agosto, al mismo tiempo que enviaron un llamado al gobierno. Esta vez fueron respaldadas por el presidente regional de Arequipa Elmer Cáceres y otras autoridades locales quienes apelaron directamente al presidente Martin Vizcarra para que intervenga y cancele la construcción de Tía María.

Miles de personas alineadas con 30 organizaciones regionales se unieron a la huelga el 5 de agosto. Hubo frecuentes enfrentamientos con la policía, y los trabajadores bloquearon continuamente la carretera Panamericana Sur y las calles de la capital de Arequipa, afectando el comercio y la actividad económica.

Lo que es más importante, los trabajadores bloquearon el puerto de Matarani, lo que provocó que los buques comerciales se regresarán e impidió la exportación de minerales de la mina Las Bambas, en Apurímac, en la cual también luchó la población local contra la mina. La policía militarizada fue enviada para desalojar a los huelguistas del puerto.

Tres días después, el 8 de agosto, el Consejo de Minería, un organismo del MINEM que recibe apelaciones de los estados y las resuelve, anunció la suspensión, no del proyecto en sí, sino solo de la licencia de construcción, durante 120 días. En su decisión, señaló el "riesgo existente de pérdida de vidas humanas además de las pérdidas económicas ya experimentadas".

El Consejo de Minería se tomará este tiempo para revisar las apelaciones presentadas por las autoridades locales de Arequipa y decidir si se renueva o no la licencia. Mientras tanto, la huelga continuó, principalmente en la región del Valle de Tambo, aunque su intensidad disminuyó.

Luego, el 10 de agosto, los medios corporativos publicaron reportes que revelaban una conversación a puerta cerrada entre Vizcarra y las autoridades locales de Arequipa, incluido el presidente regional de Cáceres, el 24 de julio. Un participante no identificado en la conversación la grabó en secreto y la filtró a la prensa.

En la conversación, Vizcarra les dice a las autoridades locales que el gobierno podría aceptar la suspensión de la licencia para mantener la mesa de diálogo, pero que no pudo anunciar de inmediato la cancelación porque necesitaba un "argumento" para ello. Fingió simpatía por los oponentes de Tía María.

Los medios corporativos y los congresistas de oposición reaccionaron furiosamente a las filtraciones, acusándolo de una "capitulación" a los "extremistas antimineros", y diciendo que Vizcarra había traicionado no solo a la "clase empresarial" sino al pueblo al negociar en secreto y enviar policías a reprimir las protestas cuando ya había tomado una decisión de antemano sobre cómo abordar el problema.

Si bien Vizcarra es más cauteloso sobre cómo lidiar con el conflicto de Tía María que sus predecesores presidenciales, esto de ninguna manera significa que haya rechazado el proyecto. Del mismo modo, las autoridades locales en Arequipa, que hablan por la burguesía regional, están tan preocupadas como el gobierno central por las pérdidas económicas causadas por la huelga.

La élite gobernante tradicional de Lima quisiera silenciar las demandas del pueblo del Valle de Tambo organizando un baño de sangre, como se hizo en Bagua en 2009 y Cajamarca, Espinar y Tambo en 2011 y 2012. Nadie debería albergar ilusión alguna de que Vizcarra no ordenaría represión cuando se agoten todas las vías viables para el diálogo.

Los audios filtrados y la protesta de los representantes de las grandes empresas en la prensa y el Congreso son claramente un intento de poner en línea a Vizcarra, advirtiéndole que no ceda nuevamente, ni siquiera temporalmente, como en este caso, a las demandas populares.

Las cintas también han alimentado las divisiones dentro del poder ejecutivo y entre este y sus pocos aliados en el Congreso. Durante su discurso del Día de la Independencia a la nación, Vizcarra hizo un anuncio sorpresa llamando a celebrar elecciones un año antes para romper el estancamiento entre su administración y el Congreso.

Desde la llegada al poder en 2016 de Pedro Pablo Kuczynski, el predecesor de Vizcarra que se vio obligado a renunciar en medio de un escándalo de corrupción el año pasado, el Congreso ha estado dominado por el partido populista de derecha Fuerza Popular (FP). El fujimorista FP es odiado justificadamente por aprovecharse de su control casi completo de la legislatura para bloquear la legislación anticorrupción y cualquier desafío a sus políticas de derecha.

La demanda de elecciones anticipadas está ligada al reconocimiento de que todo el establecimiento gobernante peruano está completamente desacreditado después de las revelaciones del escándalo de corrupción de Lava Jato que involucra sobornos para contratos con el gigante de la construcción brasileña Odebrecht. El escándalo ha resultado en la detención preliminar de cuatro ex presidentes, uno de los cuales se suicidó para evitar el enjuiciamiento. El conflicto intratable entre el poder ejecutivo y el Congreso ha llevado a la conclusión, al menos por parte de algunos en los círculos gobernantes de Perú, de que es preferible finalizar el mandato del Congreso por adelantado para evitar un colapso político completo después de otra crisis severa.

Encima de esto, se encuentra el estado de la economía, y el diario El Comercio explica que en abril y junio "la producción nacional avanzó 1.08 por ciento, la cifra más baja desde el tercer trimestre de 2009." Esto es alarmante, ya que 2009 fue el año en que Perú fue golpeado por la crisis económica mundial después del colapso de Lehman Brothers en septiembre de 2008.

El llamado de Vizcarra a elecciones anticipadas, que tendrían lugar en abril de 2020, ha sido fuertemente rechazado por sus opositores de derecha en el Congreso, y Mauricio Mulder del APRA declaró que buscaría la destitución del presidente. También se ha opuesto sus propios miembros de la bancada de su partido PPK y su vicepresidenta, Mercedes Araoz, quien declaró que el presidente nunca la consultó sobre la propuesta.

Araoz, que es congresista y vicepresidenta, tiene vínculos más íntimos con el mundo corporativo que Vizcarra y se rumoreaba que estaba tramando un "golpe palaciego" con el apoyo de las grandes empresas y los fujimoristas en el Congreso, para convertirse en presidente Este rumor se confirmó más o menos cuando, después de las filtraciones de la reunión secreta de Vizcarra con los líderes de Arequipa, ella y otros dos miembros del congreso anunciaron su renuncia a la bancada PPK, claramente con el objetivo de socavar aún más el gobierno cada vez más aislado de Vizcarra.

Hasta ahora, Vizcarra, quien fue vicepresidente de Kuczynski, ha permanecido bajo el radar de la investigación de Lava Jato y se ha posicionado como un cruzado contra la corrupción. Como resultado, su índice de aprobación es bastante alto en comparación con sus predecesores (53 por ciento según la última encuesta).

Pero al igual que sus cuatro predecesores deshonrados, Vizcarra está defendiendo y profundizando las políticas neoliberales que se han impuesto en Perú desde la década de 1990. El 31 de diciembre, el gobierno promulgó un decreto laboral, la Política Nacional de Competitividad y Productividad (PNCP), que reduciría la compensación por la longevidad, las vacaciones, la seguridad social y otros beneficios. También tiene como objetivo facilitar los despidos masivos.

La pseudoizquierda peruana, liderada por la ex candidata presidencial Veronika Mendoza y su movimiento Nuevo Perú, solo ha criticado levemente este asalto a los derechos de los trabajadores. Mientras tanto, en entrevistas con los medios, Mendoza elogió el llamado de Vizcarra a las reformas gubernamentales, lo defendió de los ataques políticos de los fujimoristas y lamentó el hecho de que no "escuchara a la gente" y cerrara el Congreso, una medida completamente inconstitucional que sentaría un precedente peligroso para la dictadura presidencial.

En Twitter, Mendoza, al denunciar la represión contra el pueblo del Valle de Tambo, declaró que la suspensión de la licencia para Tía María "es un reconocimiento de la legitimidad de la lucha del Valle de Tambo y que no se puede imponer un proyecto minero contra las personas y el medio ambiente". "

Mientras tanto, la mayor confederación sindical de Perú, la CGTP, publicó como una de sus demandas para un "día nacional de lucha" del 22 de agosto que Vizcarra continúe liderando las negociaciones en Arequipa.

Tanto los pseudoizquierdistas como los sindicatos están decididos a subordinar las luchas de la clase trabajadora y los oprimidos a las maquinaciones del presidente de derecha de Perú.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 22 de agosto de 2019)