La redada en Mississippi: el ataque contra inmigrantes de Trump y sus facilitadores demócratas

10 agosto 2019

Varias imágenes tomadas en un gimnasio en Mississippi el miércoles por la noche muestran a hijos de inmigrantes detenidos, algunos tan jóvenes como de cuatro años, reunidos y muchos de ellos llorando o visiblemente traumados por el arresto de sus padres, madres o ambos.

El momento de las redadas fue escogido deliberadamente para infligir la máxima crueldad posible a las familias de los trabajadores migrantes que proveen gran parte de la fuerza laboral de la industria de procesamiento avícola, en trabajos agotadores con temperaturas ardientes y salarios miserables. Según los oficiales locales, las clases escolares comenzaron el martes o miércoles en cinco de las seis ciudades que fueron el blanco de las redadas. Cientos de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, siglas en inglés) fuertemente armados establecieron perímetros alrededor de las plantas y arrestaron a un total de 680 trabajadores.

Para incontables niños, sus padres acababan de dejarlos en su primer día de escuela antes de ser capturados, marchados en buses con sus manos atadas detrás de sus espaldas y llevados a un hangar de la Guardia Nacional Aérea fuera de Jackson para ser procesados. Hubo escenas de niños mayores llorando fuera de las fábricas mientras se llevaban a sus padres.

Los oficiales de los Servicios de Protección Infantil (CPS) de Mississippi declararon que nunca les notificaron sobre las redadas que de un momento a otro dejarían a importantes números de niños —casi todos ciudadanos de EUA— sin sus padres o cuidadores. CPS actualmente tiene a 2.400 niños bajo su custodia a nivel estatal y estima que la redada aumente esto hasta un 50 por ciento, indicando que 1.200 niños entraran en su sistema.

Aparentemente, en respuesta a quejas oficiales sobre la crisis de cuidado infantil que se estaba fraguando, ICE procedió rápido a procesar y liberar el miércoles a más de 300 de los arrestados, incluyendo a casi todas las trabajadoras, llevándolos en bus de vuelta a las plantas donde los habían arrestado.

La mayoría de los liberados fueron obligados a ponerse pulseras electrónicas del ICE en sus tobillos para ser monitoreados y obligarlos a atender sus audiencias en tribunales migratorios que decidirán si serán deportados. La mayoría de los detenidos, aproximadamente 380, fueron transferidos el jueves a otra instalación de ICE en Jena, Luisiana, tres horas más lejos de sus familias.

La brutalidad de la redada —al menos un joven trabajador fue atacado con una pistola paralizadora pero no fue detenido por los agentes de ICE porque descubrieron que era un ciudadano estadounidense— y la insensibilidad en el procesamiento posterior son completamente deliberadas. Los oficiales del Gobierno estadounidense, desde Trump y su asesor fascistizante sobre migración Stephen Miller hacia abajo, están buscando aterrorizar tanto a los detenidos en redadas particulares como a todos los inmigrantes y las comunidades en las que residen.

La región abarcada por la oficina de operaciones de ICE en Nueva Orleans es notoria por su maltrato de solicitantes de asilo. Según una denuncia del Southern Poverty Law Center, la tasa de aprobaciones de libertad condicional en dicha área, la cual cubre los estados de Luisiana, Mississippi, Arkansas y Tennessee, cayó de 76 por ciento en 2016 a 1,5 por ciento en 2018. En 2016, ICE tenía a 2.000 inmigrantes detenidos en Luisiana y Mississippi y 10.000 actualmente.

Los reportes de la prensa indican que el ataque contra los trabajadores avícolas migrantes estuvo cuidadosamente preparado. Utilizaron informantes confidenciales empleados en varias de las plantas que fueron allanadas. Es muy posible que las empresas colaboraron con ICE en determinar cuales plantas serían seleccionadas, donde consideraban que fuera más posible que los trabajadores reafirmaran sus intereses. En una planta allanada el miércoles, la instalación de Koch Foods en Canton, Mississippi, la compañía se vio obligada el año pasado a pagar $3,75 millones después de una denuncia de clase por el acoso de trabajadores con base en su género, raza y origen nacional.

Los métodos brutales del Gobierno de Trump contratan marcadamente con el despliegue de apoyo popular hacia los migrantes detenidos y sus hijos en las pequeñas ciudades alrededor de Jackson, donde ocurrieron las redadas. El propietario de un gimnasio local lo abrió para que lo utilizaran los niños de los padres que habían sido detenidos. Le dijo a la prensa que el gimnasio “tiene todo lo que necesitamos” después de que los residentes locales inundaran el local con donaciones de comida, bebidas y ropa de cama. También se ofrecieron para transportar a los niños a la escuela en la mañana.

Los Servicios de Protección Infantil de Mississippi dijeron que su centro de llamadas de emergencia estaba saturado debido a las personas que querían ayudar el miércoles por la noche, añadiendo que ninguna llamada se debía a que algún niño se quedara “sin refugio”, indicando que todos los niños afectados por las redadas estaban siendo cuidados por algún familiar, amigo o vecino.

El Gobierno de Trump se ha vuelto famoso a nivel mundial por la brutalidad con la que trata a los inmigrantes y por crear el clima político y moral en el que es casi inevitable que ocurran eventos como la masacre de hispanos en el Walmart de El Paso el sábado pasado. Varios países de habla hispana han emitido advertencias a sus ciudadanos sobre los peligros de viajar a Estados Unidos.

La oposición oficial del Partido Demócrata ha buscado capitalizar el rechazo popular a Trump tras la masacre en El Paso y las redadas en Mississippi.

El actual favorito en la contienda para candidato presidencial demócrata, el exvicepresidente Joe Biden, conectó ambos eventos en un tuit: “En un día en que el presidente Trump supuestamente está abriéndose a una comunidad en duelo y celebrando nuestra diversidad estadounidense en El Paso, su Gobierno está, por el contrario, atizando el miedo y realizando redadas masivas de inmigrantes en Mississippi”.

Uno de los principales rivales de Biden, el senador de Vermont, Bernie Sanders, tuiteó, “Esto está mal. Días después de que inmigrantes fueran tiroteados en El Paso, Trump está continuando los ataques contra las familias inmigrantes. Nuestro trabajo es rechazar la agenda racista de Trump, poner fin al terror infligido a las comunidades inmigrantes y uniendo a las familias, no separándolas”.

Estos son disparates cínicos. Bajo el Gobierno de Obama, cuando Trump era vicepresidente y Sanders era un senador leal, Washington deportó a más inmigrantes que todas las otras Administraciones combinadas —y más que los que ha deportado Trump por año desde que asumió el poder—.

El Gobierno de Obama fue el que elaboró la política de separación familiar después de un influjo grande de refugiados de Centroamérica en 2014. Su secretario de Seguridad Nacional, Jeh Johnson, justificó la práctica como un “desincentivo” para que no busquen asilo en el país.

Bajo Trump, los legisladores demócratas han colaborado con la escalada de ataques contra los inmigrantes, encabezados en muchos casos por exoficiales de Obama que ahora están trabajando en la Administración republicana, incluso al secretario de Seguridad Nacional en funciones, Kevin McAleenan.

Más recientemente, los demócratas en la Cámara de Representantes y el Senado votaron abrumadoramente a favor de apoyar el presupuesto para el Departamento de Seguridad Nacional, financiando tanto las redadas como las que ocurrieron en Mississippi y los campos de concentración en la frontera entre EUA y México.

Ambos partidos defienden y mantienen el aparato represivo del imperialismo estadounidense, con sus unidades militares, sistemas de vigilancia, patrulla fronteriza y fuerzas policiales internas. El total de efectivos es de casi cinco millones. Hace dos semanas, el Congreso aprobó el mayor presupuesto militar en la historia, de $738 mil millones, además de cientos de miles de millones más para el DHS y las otras agencias represivas.

La ofensiva represiva contra los trabajadores migrantes es un ataque contra la clase obrera en su conjunto. Los mismos métodos empleados en Mississippi serán utilizados en el futuro contra los trabajadores que desafíen los dictados de la patronal estadounidense y busquen defender sus empleos, niveles de vida y beneficios sociales.

Los trabajadores estadounidenses deben movilizarse en defensa de sus hermanos y hermanas inmigrantes. Esta lucha no puede ser conducida por medio del Partido Demócrata y el sistema bipartidista controlado por las corporaciones. Exige la movilización política independiente de la clase obrera con base en un programa revolucionario socialista, buscando unir a los trabajadores en todos los países en una lucha común contra el capitalismo.

(Publicado originalmente en inglés el 9 de agosto de 2019)

Patrick Martin