Puerto Rico:

Se profundiza la crisis sobre el reemplazo de Rosselló

por Rafael Azul
31 julio 2019

La crisis de mando en Puerto Rico se profundizó el domingo pasado cuando Wanda Vázquez, secretaria de Justicia de Puerto Rico y la segunda en línea para reemplazar al gobernador Ricardo Rosselló, se negó a aceptar el cargo con un mensaje de twitter. Rosselló anunció su renuncia el 24 de julio, luego de doce días de enormes manifestaciones populares. La renuncia se hará efectiva el viernes 2 de agosto.

En momentos en que todos se fugan a codazos del gobierno puertorriqueño, entre ellos el secretario de Estado (el primero en la cola de sucesión), el viernes pasado Roselló entrevistó a Vázquez para discutir una transición calmada.

Pronto cayeron en qué nombrarla a ella provocaría enormes manifestaciones, como las que movilizaron a un millón de personas. No bien se mencionó a Vázquez como reemplazo al gobernador en twitter se reemplazaron las etiquetas #RosellóRenuncia con las de #WandaRenuncia.

La misma Vázquez está siendo investigada por bloquear investigaciones sobre la corrupción desenfrenada del gobierno de Rosselló. A la vez que trataba con toda suavidad a los altos políticos de esta isla y a sus compinches empresarios, insistía en perseguir y castigar protestas estudiantiles.

El lunes, más de mil manifestantes se concentraron frente a su oficina en San Juan coreando estribillos rechazándola como gobernadora y exigiendo que renunciara a la secretaría de Justicia.

El desmoronamiento de la candidatura de Vázquez ahora ensancha una crisis constitucional del régimen puertorriqueño; el próximo en la cola de sucesión, Francisco Parés, secretario del Tesoro, es demasiado joven para ascender al puesto. El siguiente en la cola, Eligio Hernández, secretario de Educación, fue un nombramiento interino; su antecesor renunció empantanado en evidencias de corrupción.

Se especula quién será la persona que Rosselló escoja para secretario de Estado, colocándolo primero en la cola para gobernador. Los nombres más mencionados son Tomás Rivera Schatz, presidente del senado puertorriqueño y Jennifer González, la comisionada residente, que representa, sin voto, a Puerto Rico en la Cámara de Representantes de EUA. Al igual que Rosselló, ambos pertenecen al Partido Nuevo Progresista y al Partido Republicano de Trump. En verdad, ningunos de ellos cuentan con el respaldo de las masas boricuas que derrocaron a Rosselló.

Al mismo tiempo el gobierno yanqui y Wall Street buscan la manera, juntos, de tomar ventaja de la rebelión en Puerto Rico y del desenmascaramiento de la tan evidente corrupción del gobierno de la isla para acelerar sus ataques contra el pueblo de Puerto Rico.

La semana pasada la Agencia Federal de Administración de Emergencias (FEMA, siglas en inglés) anunció nuevas restricciones al acceso de fondos para reparar el daño causado por el Huracán María. Las nuevas reglas requieren que FEMA apruebe formalmente los pedidos de ayuda en base a documentos del gobierno en San Juan, antes de permitirlos. Se trata de un castigo, un pretexto de combatir la corrupción, que más demorará los, de por sí, muy lentos proyectos de recuperación.

A casi dos años del azote del Huracán María, siguen dañadas unas diez mil escuelas, puentes y otras infraestructuras. Hasta la semana pasada, FEMA sólo había dado el visto bueno para financiar sólo nueve proyectos.

Mientras eso ocurría, La Junta de Supervisión y Administración Financiera Para Puerto Rico ( la junta ) prepara aprovechar la crisis de mando en San Juan para aferrar su agarre dictatorial sobre el presupuesto fiscal de Puerto Rico, con el fin de chupar cuantos pagos pueda de la pregonada deuda pública de setenta mil millones de dólares. Antes de que las masas comenzaran a movilizarse, se informó que la junta había finalizado un plan de presupuesto global de brutales recortes de la salud pública, pensiones y casi todos los servicios básicos, incluyendo a la educación pública, además de aumentos de tarifas en la Universidad de Puerto Rico.

La imposición de tales medidas no ha cesado desde que se estableció esa junta durante el gobierno del presidente Obama como parte de la ley PROMESA ( Puerto Rico Oversight Management and Economic Stability Act, Ley de Administración y Estabilidad Económica para Puerto Rico). PROMESA puso la economía de la isla en manos de una junta que nadie eligió, que obedece sólo a los bancos y a los fondos especulativos y buitres de Wall Street y que, a través de prácticas criminales, se han adueñado de la deuda de Puerto Rico.

Esas medidas reaccionarias cuentan con el espaldarazo del gobierno de Rosselló. En Noviembre 2017, tan sólo dos meses después de que azotara el Huracán María (destruyendo más de setenta mil hogares, junto con una gran parte de la infraestructura de electricidad, agua, puentes y caminos), exigió que se le autorizara tomar medidas drásticas para “reorganizar, externalizar, consolidar y suprimir agencias, programas y servicios del poder ejecutivo”, expresando así su intención de utilizar poderes dictatoriales para subordinar a la isla a los dueños de bonos y a los fondos buitres. El fin era cortar 2,75 mil millones de dólares anuales del presupuesto fiscal; y reducir el número de agencias públicas de 130 a 35.

Totalmente entregada a ese brutal plan de austeridad, Wanda Vázquez comentaba en ese entonces que las 130 agencias públicas eran “innecesarias”.

Lo que inició las enormes manifestaciones de las masas en San Juan, otras ciudades puertorriqueñas, y también en ciudades de Estados Unidos y Europa, fue la publicación el 13 de julio de conversaciones en línea entre el gobernador Rosselló y algunos de sus aliados políticos. A cargo de la publicación de esas conversaciones, abarcando 899 páginas, estuvo el Centro de Periodismo Investigativo (CPI), basado en San Juan. Las conversaciones combinan vulgares insultos contra individuos con un obsceno desprecio e indiferencia hacia las víctimas del Huracán María. También revelan una red de corrupción y compañerismos egoístas, con Rosselló en el medio.

La publicación de esas conversaciones ocurrió en momentos muy inoportunos para el gobierno de Rosselló, que había sido golpeado tres días antes, cuando agentes federales detuvieron a Ángela Ávila, ex directora de la Administración de Seguros de Salud y Julia Keleher, con su asistente Glenda Ponce-Mendoza, junto con un grupo de contratistas delincuentes. Un gran jurado federal los acusa de cometer fraudes, blanqueos de dinero, y conspiración para cometer fraude y robar dinero.

Antes de ser detenida, Keleher fue unos de las protagonistas claves en los proyectos de Rosselló de destruir la educación pública, cerrando cientos de establecimientos escolares públicos y fomentando escuelas particulares generadoras de lucro. Tanto Keleher como Rosselló consideraban que el Huracán María presentaba una oportunidad para acelerar esos retrógrados planes.

La cantidad de muertos que esa tormenta causó, luego de golpear a Puerto Rico el 20 de septiembre 2017, que la administración de Rosselló originalmente calculó en 64 ha sido revisada desde entonces, algunos investigadores estiman 5,740 muertos. Muchos manifestantes en las protestas que causaron la renuncia de Rosselló llevaban carteles con el número 4,645, un cálculo de una investigación de Harvard. Nadie en Puerto Rico acepta la actual cifra del gobierno: 2,975.

En parte lo que hizo explotar la inquina popular fue un cruel chiste del principal oficial financiero de Rosselló: “Ahora que estamos en este tema ¿no tenemos algún cadáver para alimentar a nuestros cuervos?”

Como demuestran también las cínicas charlas que fueron publicadas, gran parte de la muy insuficiente ayuda de FEMA fue a parar en manos de políticos corruptos, contratistas fraudulentos, y de los dueños de la deuda. Todo eso ocurrió supuestamente bajo la estricta de la Junta de Supervisión, que también emplea políticos bien conectados y agentes de los bancos para los cuales las medidas de austeridad sólo son para la clase obrera, ignorando sobornos, negociados, y contratos inflados aprobados por la camarilla política.

La publicación de las conversaciones fue la chispa que encendió un pre existente barril de pólvora. La causa de que las masas inundaran las calles como nunca antes lo habían hecho, fueron todos los oprobios que se han acumulado en más de doce años de constante declive económico en congruencia con los destrozos del huracán y las medidas criminales de los gobiernos de Washington y San Juan.

Ambos gobiernos desesperadamente ahora tratan de impedir que se movilicen las masas. El gobierno del presidente Trump y el Partido Demócrata temen que las poderosas manifestaciones de obreros y jóvenes puertorriqueños, quienes, por primera vez en la historia de los EUA y de sus territorios semicoloniales, forzaron, desde abajo, la renuncia de un gobernador. Ese es un ejemplo para los trabajadores del resto del continente. La obvia interrogante es: Si se puede lograr eso en San Juan ¿por qué no en Washington?

La burocracia sindical también tiene ansias de que acaben las manifestaciones. El principal diario de San Juan, El Nuevo Día, entrevistó durante el fin de semana a Randi Weingarten, presidenta del sindicato docente yanqui United Federation of Teachers y también a Aida Díaz, presidenta del sindicato afiliado en Puerto Rico, la Asociación de Maestros de Puerto Rico. Las dos dicen favorecer la caída de Rosselló.

Weingarten le aconseja a la clase obrera puertorriqueña que es “tiempo de sobrepasar el rencor y las divisiones creadas por su gobierno”, Díaz declara que “lo importante es reconstruir y marchar hacia adelante, con la esperanza que nuestros próximos líderes sean sensibles y pongan a Puerto Rico sobre todo interés, político o personal.”

¡Qué tontería! Estas burócratas sindicales han resuelto hacer cuanto puedan para suprimir la lucha de clases. El rechazó por parte de los maestros puertorriqueños de un acuerdo, que su sindicato favorecía, subordinando sus intereses a las exigencias de la Junta de Supervisión, anticipó el levantamiento de las masas puertorriqueñas. Teniendo en cuenta toda esa sarta de reaccionarios, que pretende reemplazar a Roselló, es ilusorio que tenga posibilidades la “esperanza” de que el nuevo gobernador ponga a Puerto Rico por encima de intereses políticos o personales.

Solucionar esos profundos agravios sociales contra la desigualdad y los ataques contra los derechos democráticos y sociales sólo es posible a través de la más amplia movilización de la clase obrera para acabar con el capitalismo, en unidad con los obreros de Estados Unidos y del resto del mundo.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 30 de julio de 2019)