Mientras protestas claman: “Guatemala no es un campo de concentración”

Clase gobernante guatemalteca se prepara para repercusiones de acuerdo de asilo impuesto por Trump

por Andrea Lobo
31 julio 2019

El viernes, la Administración de Trump forzó al Gobierno de Guatemala para firmar un acuerdo de dos años para convertirse en un “tercer país seguro”, según el cual EUA puede deportar a los migrantes que llegan a su frontera sur a Guatemala y obligarlos a aplicar para asilo desde ahí para EUA o Guatemala.

En efecto, el Estado guatemalteco está siendo convertido en una extensión del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, siglas en inglés), con Washington prometiendo “cooperar para fortalecer las capacidades institucionales de Guatemala”, es decir, militarizar las fronteras y construir campos de concentración como parte de una red que ya se expande por todo México y Estados Unidos.

Guatemala evaluará, una por una, las solicitudes de protección de las personas que cumplan con los requisitos presentados en el acuerdo, indica uno de los puntos.

Después de firmar el acuerdo con el secretario en funciones del DHS, Kevin McAleenan, el ministro del Interior guatemalteco, Enrique Antonio Degenhart, se puso de pie frente a Trump, quien estaba mirando por encima de ellos, le dio la mano, le agradeció y dijo, “A su servicio, señor”.

El acuerdo es el producto de una escalada continua de políticas antiinmigrantes del Gobierno de Trump, respaldadas por el Partido Demócrata, que se han intensificado dramáticamente tras una serie de caravanas de miles de inmigrantes de toda la región en octubre. Algunos cantaron, “¡Somos trabajadores internacionales!” y pidieron el apoyo de las poblaciones de México y EUA.

Dichas medidas están en última instancia dirigidas contra toda la clase obrera en Estados Unidos, México y Centroamérica, tanto ciudadanos como inmigrantes. Mientras busca cultivar un movimiento fascistizante basado en las agencias de inmigración y las fuerzas armadas estadounidenses, la Administración de Trump ha explotado su ofensiva antiinmigrante para intensificar más forzosamente su agenda de militarización, austeridad y superexplotación en el “patio trasero” del imperialismo estadounidense, lo que a su vez ha alimentado la migración masiva.

El acuerdo fue alcanzado inicialmente en una reunión el 22 de junio entre la primera dama de Guatemala, Patricia Marroquín, y McAleenan, en un puesto de control aislado del DHS a lo largo de la frontera de río Bravo entre EUA y México.

McAleenan describió los puntos específicos al sitio web ultraderechista Breitbart: “Lo que tenemos son compromisos de Guatemala para que acepten a adultos individuales y unidades familiares sin documentos de viaje, de vuelta de una manera expedita, para sacarlos de nuestra custodia y repatriarlos más rápido desde la frontera, para que atiendan a adultos que cruzan su frontera con niños para asegurarnos de que realmente están viajando con sus hijos y que están apropiadamente documentados. Logramos que se comprometieran a hacer que los niños no acompañados de 17 años o menos tengan los documentos apropiados… Todas estás cosas fueron implementadas en las semanas tras la visita”.

Si bien estaba siendo implementado de facto, incluyendo el despliegue de 89 agentes del DHS para supervisar a las fuerzas fronterizas guatemaltecas acordado el 27 de mayo, la designación de Guatemala como un “tercer país seguro” ha sido impedida por un fallo de la Corte Constitucional. El presidente Jimmy Morales se vio obligado a cancelar una reunión con Trump el 15 de julio.

Trump respondió amenazando a Guatemala con aranceles sobre exportaciones, un veto a viajantes y sanciones contra las remesas, que constituyen 11,8 por ciento del PIB guatemalteco y provienen casi exclusivamente de EUA. “Estaban listos para firmar el acuerdo del tercer país seguro”, comentó a una reunión de adolescentes conservadores el martes, “y luego hoy o ayer, anunciaron que no lo pueden hacer porque tienen un fallo de la Corte Suprema. ¿Su Corte Suprema, no?”.

Más allá de pisotear las instituciones y leyes de Guatemala, Washington está operando completamente por fuera del derecho internacional respecto a las protecciones de asilo y la Convención de Viena sobre el Derecho de Tratados de 1969, cuyo artículo 52, declarar “nulo todo tratado cuya celebración se haya obtenido por la amenaza o el uso de la fuerza”.

La decisión final de firmar la designación de “tercer país seguro” se produjo después de un silencio completo por parte de oficiales guatemaltecos en cuanto a la tortura y el abuso de migrantes guatemaltecos por parte del Gobierno de Trump, lo que ha resultado en la muerte de cinco niños guatemaltecos bajo custodia del DHS y la violación del derecho al asilo para los guatemaltecos, quienes representan el mayor número —34 por ciento— de todos los arrestos de la Patrulla Fronteriza en la frontera entre EUA y México.

Los guatemaltecos que buscan alcanzar EUA todavía están siendo obligados a solicitar asilo y esperar en México, donde el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, bajo amenazas de aranceles del Gobierno de Trump, desplegó 21.000 tropas para arrestar y detener a inmigrantes en condiciones devastadoras, virtualmente operando como un “tercer país seguro” sin la designación formal.

La semana pasada, el Texas Monthly obtuvo el reporte de la autopsia de Carlos Gregorio Hernández Vásquez, quien murió el 20 de mayo tras contraer influenza. Un video descrito por el patólogo forense en el condado de Hidalgo indica que el niño de 16 años “es visto acostado en el suelo, vomitando en el suelo y caminando hasta un inodoro donde se sienta, luego se acuesta y fallece”. El reporte señala que “la hora en el video es incorrecta”, pero que pasaron horas sin tratamiento y que nunca fue llevado al hospital pese a conocer la seriedad de su condición.

Ahora, en condiciones de pobreza generalizada, niveles de homicidios propios de una guerra civil y una epidemia de dengue que se está expandiendo por toda Guatemala, muchos niños migrantes más de El Salvador, Honduras y otros países morirán en los campos de detención presididos por guardias guatemaltecos y estadounidenses. Este es el mismo guion seguido por la Unión Europea, que financió una guardia costera en Libia para detener a refugiados completamente indefensos que provienen de Oriente Próximo y el resto de África en campos de concentración, donde algunos son vendidos a la esclavitud y se enfrentan a tortura, violaciones y asesinatos desenfrenados.

Organizaciones estudiantiles, partidos de oposición, grupos de derechos humanos y “anticorrupción” organizaron una manifestación en Guatemala que atrajo más de 300 manifestantes, quienes marcharon frente a las oficinas del presidente Jimmy Morales. Los manifestantes cargaban carteles hechos a mano que decían, “No al tercer país seguro, no al saqueo, no al silencio. ¡Guatemala despierta!” y “Guatemala no es un campo de concentración”.

El acuerdo ha movilizado a los grupos pseudoizquierdistas de la clase media para contener y encarrilar la oposición detrás de la ilusión de que el servilismo al imperialismo y la crisis social se deben a la “corrupción”. Si tan solo una facción “menos corrupta” de la élite política llegara al poder, argumenta, Guatemala “recuperaría su soberanía”.

La perspectiva de estas organizaciones está enraizada en la desmoralización profunda entre capas nacionalistas de la pequeña burguesía y la burguesía, incluyendo aquellos que participaron en las luchas armadas durante los años ochenta, agrupados en torno a la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), la cual se integró en la élite política, los sindicatos y las ONG.

Aldo Dávila, diputado del Movimiento Político Winaq, fundado en 1992 por Rigoberta Menchú, la líder indígena antigubernamental durante la guerra civil, dijo a reporteros en la manifestación el sábado que, “estamos en contra de las condiciones impuestas en ese acuerdo espurio”. Indicó: “no tiene sentido que no lo haya firmado la canciller [Sandra Jovel], quien creo que fue más inteligente al no hacerlo”.

Tales declaraciones revelan que la “oposición” organizada contra Morales teme más la continua erosión de la imagen del Gobierno y una explosión social que los dictados imperialistas mismos.

Más allá, sus charadas quedan expuestas por el camino que proponen para democratizar el país y obtener soberanía: llamar por el regreso de la Comisión Internacional Contra la Impunidad de Guatemala, respaldada por la ONU. Esta organización persiguió una serie de casos de corrupción contra políticos y empresarios hasta que Morales la expulsó del país en enero por investigarlo a él y su familia. Lejos de proveer el rendimiento de cuentas o la soberanía nacional, la CICIG fue creada y financiada por el Departamento de Estado de EUA como un medio para presionar a la élite gobernante guatemalteca por medio de la investigación casos de corrupción.

El año pasado, el centro de pensamiento de Washington, Stratfor, dijo tener la esperanza de que una explosión futura en el país permanezca “una vez más bajo el control de los defensores guatemaltecos de la CICIG”, sí como sucedió en 2015. Este control le abrió la puerta al vicepresidente ultraderechista Alejandro Baltazar Maldonado y posteriormente a Jimmy Morales para que llegaran al poder, continuando la militarización del país e imponiendo impuestos regresivos, recortes sociales y privatizaciones y reduciendo aún más los niveles de vida.

La tasa oficial de pobreza en el país se deslizó de 51,2 por ciento en 2006 a 61,1 por ciento, mientras que la mitad de los niños menores de 5 años sufre de malnutrición crónica.

El Gobierno de Trump toleró la expulsión de la CICIG en un tiempo en que Morales estaba oponiéndose a las presiones de círculos gobernantes para que siguiera al El Salvador y estableciera relaciones diplomáticas con Beijing, identificado actualmente por Washington como su principal rival geopolítico. Sin embargo, ahora ha quedado claro que el imperialismo estadounidense ve la necesidad de una manera más rápida y explícita de ejercer su dominio neocolonial sobre las élites clientelares en la región.

Lejos de ser una muestra de fuerza, esto refleja la debilidad de burguesías nacionales y un imperialismo estadounidense en crisis. Para defender sus derechos democráticos y sociales, los trabajadores en Guatemala deben oponerse inflexiblemente a todas las organizaciones desmoralizadas y proimperialistas de la pequeña burguesía nacionalista, y luchar por un movimiento político unido con sus hermanos y hermanas de clase en toda la región, EUA y México, encabezando a todos los sectores oprimidos, para derrocar todo el putrefacto sistema capitalista y el imperialismo.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 29 de julio de 2019)