Mercaderes de la muerte

Cómo las empresas farmacéuticas, el Congreso y la DEA transformaron una epidemia de opiáceos en una industria milmillonaria

24 julio 2019

Información previamente confidencial de la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos (DEA), publicada la semana pasada, sigue el rastro de cada narcótico vendido en el país —desde el fabricante al distribuidor— entre 2006 y 2012. La información, analizada en un reporte exhaustivo en el Washington Post, arroja luz sobre una expansión en la distribución de opiáceos masiva, impulsada por el afán de lucro y promovida por toda la élite política.

Durante dicho periodo de seis años, los fabricantes y distribuidores de medicinas inundaron el país con 76 mil millones de prescripciones de pastillas para el dolor, alimentando una epidemia de abuso de opiáceos que cobra la vida de 50.000 personas al año en Estados Unidos.

Los distribuidores que manejan miles de millones de dólares en fármacos como McKesson Corp, Walgreens, Cardinal Health y AmerisourceBergen pusieron la mira principalmente en una de las regiones más pobres en el país, los Apalaches, saturando los antiguos centros mineros en los estados de Kentucky, Virginia, West Virginia y Tennessee.

Norton, un pequeño pueblo de menos de 4.000 residentes en el rincón suroeste de Virginia, recibió 8.263.510 analgésicos de receta, lo suficiente como para 305 pastillas por persona cada año. Un solo Walmart en la ciudad recibió más de 3,5 millones de pastillas de opiáceos.

En el condado Mingo de West Virginia, un área económicamente deprimida y con una tasa de pobreza del 29 por ciento donde se extraía carbón, percibió la inundación de 29,548,720 pastillas en la ciudad, suficientes para darle 203,5 pastillas a cada persona por año. Una farmacia en Kermit, West Virginia, un pueblo de solo 392 personas, ordenó nueve millones de pastillas de hidrocodona en un periodo de dos años.

Los condados que recibieron más pastillas per cápita experimentaron más de tres veces la tasa de muertes por sobredosis de opiáceos que en el resto del país. Trece de estos condados tienen una tasa de muertes por opiáceos ocho veces mayor que el promedio nacional, y siete de dichos condados están en West Virginia.

En Norton, la tasa de muertes per cápita por sobredosis de opiáceos recetados fue 18 veces el promedio nacional.

Según el análisis del Post, el volumen de pastillas distribuidas por las empresas farmacéuticas está manteniendo el ritmo con la expansión de la epidemia de opiáceos. Aumentó 51 por ciento, de 8,4 mil millones en 2006 a 12,6 mil millones en 2012. Las empresas respondieron a la epidemia mortal de opiáceos, estando plenamente conscientes de que estaba matando a miles de personas cada año, inyectando más pastillas en las regiones más golpeadas, ante todo los Apalaches.

Durante este periodo, los fabricantes de opiáceos gastaron $11.676 en marketing por cada mil residentes viviendo en la región.

El hecho de que los Apalaches fueron puestos en la mira tiene un carácter particularmente criminal. La región fue una vez el centro de la industria del carbón, y sus mineros fueron una de las secciones más militantes de la clase obrera. En 1921, en lo que sería conocida como la Batalla de Blair Mountain, aproximadamente 10.000 mineros armados marcharon para liberar a sus compañeros de trabajo encarcelados en el condado Mingo bajo ley marcial. Los mineros eventualmente fueron dispersados por medio de bombardeos aéreos de la Fuerza Aérea estadounidense.

La militancia de los mineros continuó en los años sesenta y setenta, incluyendo una huelga de masas en 1969 para forzar la aprobación de regulaciones federales reconociendo la enfermedad pulmonar minera como una enfermedad ocupacional y limitando su exposición al polvo del carbón y una huelga de 111 días en 1977-1978 que desafió al líder del sindicato de Mineros Unidos (UMW, United Mine Workers), Arnold Miller, y la orden de volver al trabajo bajo la ley Taft Hartley del presidente Jimmy Carter.

En los años ochenta, la clase gobernante llevó a cabo una década de destrucción de sindicatos y despidos masivos, algo promovido por el UMW bajo Richard Trumka, quien ahora dirige la confederación sindical AFL-CIO. Trump aisló y traicionó una serie de huelgas y ayudó a imponer recortes masivos sobre los trabajos, salarios, beneficios y medidas de seguridad. Esto culminó en la traición y derrota de la huelga de Pittston de 1989 en West Virginia, Virginia y Kentucky.

Los sindicatos y el Partido Demócrata presidieron la devastación social de la región. Para principios del siglo actual, una tercera parte de los 100 condados más pobres en Estados Unidos estaban concentrados sobre yacimientos de carbón.

El capitalismo, tras lucrar sumiendo a la región en una depresión económica, halló la manera de volver a extraer ganancias explotando la miseria social que produjo para hacer adicta a la población de drogas mortales. Las corporaciones farmacéuticas desbordaron las comunidades de opiáceos y se levaron miles de millones de dólares.

Intercambios de correos electrónicos filtrados de las empresas fabricantes y distribuidoras de fármacos permiten discernir el carácter de esta operación y quiénes la orquestaron. En enero de 2009, Victor Borelli, el gerente financiero nacional para la fabricante Mallinckrodt, envió un correo electrónico a Steve Cochrane, vicepresidente de ventas de KeySource Medical, informándole que 1.200 botellas de oxicodona con tabletas de 30 mg habían sido enviadas.

“¡Síganlas enviando!”, escribió Cochrane. “Vuelan ahí. Es como si la gente estuviera adicta a estas cosas o algo así. Oh, espera, lo están…”.

Borelli respondió: “Así como los Doritos se siguen comiendo. Haremos más”.

Hay un carácter sociópata en tales comentarios, los cuales expresan la indiferencia horrenda hacia la vida humana. Sin embargo, es una sociopatía enraizada en el sistema social. La inundación de áreas económicamente deprimidas con miles de millones de opiáceos, año tras año, en medio de una crisis de salud nacional y pese a los múltiples niveles de monitoreo gubernamental, no es el producto de un capitalismo “camarillesco” y capitalismo “corrupto”, como dicen los candidatos presidenciales demócratas, Bernie Sanders y Elizabeth Warren. En cambio, es una expresión de la naturaleza brutalmente explotadora del sistema en sí.

Tan pronto como 1916, Lenin identificó la integración de las corporaciones gigantes con la máquina estatal como “capitalismo monopolista de Estado”, la forma característica del gobierno capitalista en la época del imperialismo. Este proceso todavía estaba en su infancia cuando Lenin lo analizó. Ha hecho metástasis muchas veces.

Los republicanos y los demócratas ambos fueron culpables de un crimen social masivo contra la población del país. Son tan incestuosas las relaciones entre las corporaciones y el Estado que, en 2016, una Cámara de Representantes y un Senado unánime, en el ápice de la epidemia de opiáceos, aprobó sutilmente una legislación cuyo principal propósito fue prevenir que la Oficina de Control de Desvíos de la DEA detuviera los envíos de fármacos por cantidades grandes y sin explicaciones.

El proyecto de ley, introducido por el republicano Tom Marino, fue escrito por Linden Barber, quien dejó su trabajo como asesor en jefe adjunto de la DEA y, dentro de un mes, se unió al bufete de abogados que opera como un cabildo para el Congreso a instancias de las empresas farmacéuticas. Aparece en comerciales televisivos presumiendo sobre sus habilidades para potenciales clientes que distribuyen fármacos, pero se enfrentan a un escrutinio de la DEA. Durante este periodo, la industria farmacéutica y los bufetes de abogados que la representan contrataron al menos a 46 investigadores, abogados y supervisores provenientes directamente de la DEA.

Antes de aprobar el proyecto de ley, el Congreso sostuvo una audiencia con docenas de expertos, incluyendo el entonces director de la Oficina de Control de Desvíos de la DEA, quien fue expulsado subsecuentemente de su cargo por su oposición a darle el visto bueno a fabricación humana de esta epidemia.

El proyecto de ley fue promulgado por el entonces presidente Barack Obama, sin el ardid publicitario y la cobertura usuales.

Las empresas farmacéuticas valoradas en miles de millones de dólares no podrán ser detenidas por las cortes burguesas. Sus dueños deben ser expropiados y las empresas deben ser transformadas en utilidades públicas como parte de un sistema médico socialista y coordinado internacionalmente, basado en la provisión de servicios de salud de calidad para todos, en vez de generar ganancias para capitalistas milmillonarios.

Todos los males sociales asociados con las adicciones —el desempleo, la pobreza, la falta de educación— solo pueden ser eliminados por medio de una lucha por movilizar a la clase obrera contra el sistema político en su conjunto, ambos partidos de las grandes empresas y todos sus políticos sobornados. Para poner fin a las adicciones de drogas y detener a estos traficantes de fármacos milmillonarios, es necesario poner fin al capitalismo.

(Publicado originalmente en inglés el 23 de julio de 2019)

Genevieve Leigh