El escándalo en el sistema de admisiones y su manipulación en las universidades elitistas

por Gabriel Black
16 marzo 2019

El martes, fiscales federales hicieron públicos cargos contra 50 personas involucradas en lo que describieron como "la estafa de admisiones universitarias más grande jamás procesada por el Departamento de Justicia".

Según los agentes federales, los padres adinerados pagaron decenas y cientos de miles y, a veces, millones de dólares para asegurar el ingreso de sus hijos a las mejores universidades estadounidenses. Treinta y tres padres han sido acusados, incluido Manuel Henriques, CEO de Hercules Capital —un fondo de cobertura de Silicon Valley— y la actriz Lori Loughlin, conocida por su papel en Full House.

Manejada a través de una compañía llamada "The Edge College & Career Network", que emplea a docenas de personas con información privilegiada, la estafa supuestamente falsificó exámenes estandarizados y facilitó sobornos directos, disfrazados de donaciones caritativas, a instructores y administradores universitarios.

Al parecer, la operación fue dirigida por William Rick Singer, quien trabajó con los padres para fabricar la participación de los estudiantes en equipos deportivos y clubes de élite. Singer se declaró culpable de cuatro cargos, incluida la ejecución de una organización benéfica falsa para facilitar el lavado de dinero de los padres.

Singer dice que envió a los estudiantes en vuelos a escuelas en Texas donde podían tomar los exámenes estandarizados necesarios para ingresar a la universidad en salones supervisados por individuos sobornados. En otras ocasiones, Singer se encargaría de que las pruebas fueran realizadas por otras personas en reemplazo del aplicante, fabricando los resultados completamente.

Estos servicios no son baratos. Para asignarle una discapacidad de aprendizaje falsa a un estudiante para luego hacer la prueba con un supervisor sobornado, según los fiscales, una familia pagó $50,000. Otra familia, que pagó para que su hijo adolescente fuera reclutado a través del equipo de fútbol en Yale falsificando sus credenciales deportivas, pagó $1.2 millones, un costo que incluyó sobornos sustanciales para el entrenador.

Según los fiscales, la factura más grande pagada por una familia fue de $6.5 millones. Esto es aproximadamente siete veces la cantidad de dinero que se espera que un estadounidense con solo un título de escuela secundaria gane en su vida.

Cabe plantear ciertos puntos sobre el escándalo.

El primero es que estos delitos dan solo un pequeño vistazo a todo un mundo de procesos de admisión antidemocráticos en la educación superior. Si las acusaciones son ciertas, las acciones constituyen un fraude penal, pero existen a la par y se nutren de formas más “legales” de compra de influencia y manipulación de admisiones.

La "acción afirmativa" para los hijos de donantes ricos y exalumnos, a expensas de niños más calificados, es la regla, no la excepción, en las Ivy League y en universidades similares. Una investigación de Harvard encontró recientemente que los aplicantes con padres o abuelos que habían asistido a esa universidad tenían cinco veces más probabilidades de ser admitidos.

Los sobornos, en forma de “donaciones”, son comunes en la educación superior. Singer, el fundador de la operación, le dijo a uno de los padres que su operación proporcionaba una "puerta lateral hacia adentro". Explicó: "La puerta de atrás es a través del avance institucional [millones de dólares de donaciones a los fidecomisos de la escuela], que es 10 veces más dinero”. Una historia de 2017 del Washington Post reveló cómo los funcionarios de la Universidad de Virginia mantenían listas de espera para los donantes ricos. “$500 mil, debe estar en la WL [lista de espera]”, decía un documento.

Richard Reeves, autor de un libro titulado Dream Hoarders, escribió en The Guardian que "los niños de los grandes donantes parecen obtener una admisión casi automática". Señaló: "La diferencia entre este esquema ilegal y las formas legales en las que el dinero compra es de niveles en la misma categoría".

Las principales instituciones de educación superior están dominadas por el dinero, con presidentes y administradores cuyas remuneraciones son semejantes a las de un CEO corporativo. Es significativo que, en el momento en que se desató el escándalo, Olivia Jade, la hija de Lori Laughlin, estaba supuestamente en un crucero en un yate de propiedad del promotor inmobiliario multimillonario Rick Caruso, quien es el presidente de la Junta de Fideicomisos de la Universidad del Sur de California (USC). La hija de Caruso también va a la USC.

C. L. Max Nikias, el presidente de USC hasta que renunció en agosto pasado, era el tercer presidente universitario mejor pagado, con un salario anual de más de $3 millones.

Un segundo punto que debe plantearse acerca de este escándalo es lo que evidencia acerca de todo el medio social de la clase media-alta y clase alta de los Estados Unidos.

Los extraordinarios recursos empleados para hacer avanzar a sus hijos reflejan la intensa competencia dentro de las capas superiores de la población. El proceso de admisión a la universidad, que en los barrios ricos, comienza con fondos específicos para que un niño de cinco años ingrese en una escuela primaria de prestigio, expresa la ferocidad de la lucha dentro de esta capa.

Si bien hay muchos estudiantes que asisten a instituciones de élite debido a sus logros académicos, ingresar a Harvard, Yale, etc., a menudo no se trata de acceder a una buena educación per se, sino de acceder a redes sociales que llevan a los niveles más altos de la sociedad. El sistema educativo superior de élite actúa como una clasificación de las capas superiores de la población, determinando el orden jerárquico de esta capa social rica, pero aun profundamente dividida. Mientras tanto, prohíbe a millones de jóvenes de clases más bajas, incluso a aquellos que tienen relativamente más recursos, a entrar en este mundo de la clase alta.

Hoy, mientras que los ultrarricos encuentran $6.5 millones para pagar por un lugar en una de las mejores universidades, decenas de miles de estudiantes en Oakland, California, la semana pasada recibieron un recorte presupuestario de $22 millones, dinero que saldrá de los fondos para estudiantes sin techo, nutrición, música y preparación universitaria. No es casualidad que este escándalo se produzca tras un año de luchas masivas de maestros en todo el mundo. Todo el sistema de educación pública está siendo atacado por los ricos.

El asalto corporativo a la educación debe ser detenido. Los billones de dólares, guardados en manos de los ultrarricos, deben ser confiscados y utilizados para programas sociales masivos para proporcionar educación gratuita y de alta calidad para todos los estudiantes. Todos los estudiantes, sin importar sus antecedentes, tienen derecho a una educación superior avanzada. Del mismo modo, todos los trabajadores, independientemente de la escuela a la que asistieron, merecen tener una alta calidad de vida, con buenos beneficios, dignidad y respeto.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 15 de marzo de 2019)