Maduro en Venezuela asume su segundo mandato en medio de un creciente descontento social y amenazas de intervención

por Bill Van Auken
14 enero 2019

El presidente Nicolás Maduro prestó juramento el jueves por la mañana un segundo período de seis años en un contexto de descontento social en Venezuela y una campaña concertada de Estados Unidos, la Unión Europea y los gobiernos de derecha de América Latina para obligarlo a abandonar el poder.

Maduro prestó juramento ante la Corte Suprema de Venezuela y no, como es habitual, ante el Congreso, que está controlado por su oposición política de derecha y que con respaldo extranjero se está promocionando como la base de un gobierno alternativo.

La ceremonia del jueves fue boicoteada por los Estados Unidos y la UE, así como por la mayoría de los gobiernos de América Latina. Estuvieron presentes los presidentes Miguel Díaz-Canel de Cuba, Evo Morales de Bolivia, Salvador Sánchez Cerén de El Salvador y el nicaragüense Daniel Ortega. También asistieron representantes de Rusia, China y Turquía, así como un funcionario de la embajada de México.

El secretario de Estado de los EE.UU., Mike Pompeo, emitió un tweet denunciando la inauguración de Maduro e hizo un llamado nada sutil por un golpe militar en Venezuela:

"Estados Unidos condena la usurpación ilegítima de poder de # Maduro e insta a quienes apoyan el régimen venezolano, incluidas las fuerzas de seguridad que juraron apoyar la constitución, a dejar de permitir la represión y la corrupción. El momento es AHORA para un retorno a la democracia en #Venezuela".

Pompeo emitió el tweet desde Cairo, donde pronunció un discurso que consistió en una defensa completa de la intervención imperialista de los Estados Unidos junto con elogios al dictador egipcio, el general Abdel Fattah El-Sisi, quien tomó el poder en un sangriento golpe de 2013 que precedió a la masacre de unos 1.600 simpatizantes del derrocado presidente electo Mohamed Mursi y el posterior arresto y encarcelamiento de al menos 60.000 personas por razones políticas. Washington no tiene ningún problema con la legitimidad del régimen de Sisi, ni con la de los otros miembros de su eje anti-iraní en el mundo árabe, que consisten de una colección de monarquías dictatoriales a las que Pompeo está llamando.

La semana pasada, el llamado Grupo de Lima, integrado por los gobiernos de 13 países latinoamericanos y Canadá, votó a favor de una resolución que exige que Maduro renuncie a su segundo mandato y ceda el poder al Congreso controlado por la oposición. El único voto disidente fue emitido por México, que advirtió sobre "las consecuencias para los venezolanos de las medidas que buscan interferir en [sus] asuntos internos".

Si bien Estados Unidos no es miembro del Grupo de Lima, se estableció un enlace de video para permitir la participación de Pompeo, el exdirector de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, responsable de innumerables golpes militares y dictaduras de derecha en América Latina. .

En el período previo a la sesión del Grupo de Lima, Pompeo organizó un viaje de tres días a América Latina para reunirse con el recién inaugurado Jair Bolsonaro, el fascistizante excapitán del ejército que asumió la presidencia de Brasil, y el presidente derechista de Colombia, Iván Duque para discusiones que supuestamente involucraban perspectivas de cambio de régimen en Venezuela.

Poco después de la ceremonia en la Corte Suprema de Caracas, la Organización de los Estados Americanos (OEA) se reunió en una sesión extraordinaria y votó a favor de una resolución para no "reconocer la legitimidad" del segundo mandato de Maduro. Llamó a convocar nuevas elecciones bajo supervisión internacional. La medida fue aprobada con 19 votos, solo uno más que el mínimo necesario para su aprobación.

El reclamo de Maduro de un segundo mandato se basa en la elección de mayo de 2018; ésta expresó la hostilidad y disgusto popular generalizado de la población hacia todo el establishment político en Venezuela. Mostró la tasa de abstención más alta registrada y un boicot por parte de la mayoría de la oposición de derecha, que sabía que estaba lejos de tener el necesario de la población para ganar una elección. Maduro ganó tres veces la cantidad de votos emitidos frente a su rival más cercano, pero esto representó solo el 28 por ciento de los votantes elegibles de Venezuela.

Por supuesto, la Administración Trump, que denuncia la elección del presidente venezolano como ilegítima, llegó al poder con menos votos que la candidata presidencial demócrata Hillary Clinton, y el apoyo de solo del 26 por ciento de los votantes elegibles en los Estados Unidos.

Maduro ganó su primer mandato por un estrecho margen en 2013 en una elección convocada un mes después de la muerte de su predecesor, Hugo Chávez, quien asumió el cargo en 1998. Chávez, antes de morir de cáncer, había ungido a Maduro como su sucesor elegido para continuar su llamado "Revolución Bolivariana" y "Socialismo del Siglo Veintiuno", que consistía de una serie de programas de asistencia social bastante modestos financiados por el alza de los precios del petróleo, al mismo tiempo que garantizaba ganancias sin precedentes para el capital financiero nacional y extranjero y supervisaba un orden social que aumentó la proporción del ingreso nacional que se destinaba a los empresarios en comparación con la de los trabajadores. No tenía nada que ver, a pesar de las afirmaciones de sus partidarios pseudoizquierdistas, con el socialismo.

En vez de ello, los Gobiernos de Chávez y Maduro lograron crear un nuevo estrato de la clase dominante, la llamada boliburgesía, que consistía en elementos del ejército —el principal pilar del Gobierno— funcionarios estatales, burócratas sindicales, banqueros y ejecutivos corporativos, quienes se enriquecieron con la especulación financiera y sus relaciones con el estado, malversando grandes cantidades de los ingresos petroleros del país.

Con el colapso de los precios del petróleo y las materias primas en 2014, la economía del país, más dependiente de las exportaciones de petróleo que nunca, comenzó a caer en una espiral descendente.

El Fondo Monetario Internacional predice que la economía de Venezuela se reducirá en un cinco por ciento el año próximo, con una inflación que alcanzará un inaudito 10 millones de por ciento. Las exportaciones de petróleo el año pasado cayeron un 33 por ciento en comparación con 2017, mientras que las refinerías venezolanas están operando a un tercio de su capacidad.

El Gobierno de Maduro ha tratado de imponer la carga total de esta profunda crisis sobre la espalda de la clase obrera venezolana. Introdujo un programa de ajuste en agosto pasado que consistió en recortar los salarios reales y los beneficios de los trabajadores, al tiempo que otorgaba exenciones fiscales tanto a los capitalistas venezolanos como a las empresas transnacionales. Los anteriores programas de asistencia social fueron en gran parte eliminados.

Mientras tanto, el Gobierno de Maduro ha buscado abrir la explotación de petróleo y minerales a las transnacionales extranjeras y ha cumplido fielmente los pagos a los banqueros internacionales por la enorme deuda externa de Venezuela. Según una estimación, los pagos del servicio de la deuda ahora consumen hasta el 75 por ciento de los ingresos de exportación, la mayor parte del mundo.

El valor del salario mínimo mensual se ha reducido a menos de US $10, mientras que ha habido despidos generalizados y cierres de plantas. El 64 por ciento de la población vive en condiciones de extrema pobreza. Unos 2,6 millones de venezolanos han emigrado a causa de la crisis económica.

Dentro del país, ha habido un número creciente de huelgas y protestas, lideradas no por los partidos de derecha cuyas actividades obtuvieron gran prominencia en los medios de comunicación capitalistas globales en el 2017, sino de los trabajadores y los pobres. Éstas fueron recibidas con la fuerza represiva de un gobierno que defiende firmemente la propiedad privada.

El objetivo de Washington y sus aliados no es aliviar las condiciones desesperadas que enfrentan las masas de trabajadores en Venezuela, sino profundizarlas mediante la imposición de sanciones económicas cada vez más estrictas destinadas a desestabilizar y derrocar al Gobierno.

Y, a pesar de todos los gritos de las potencias imperialistas y los gobiernos capitalistas de derecha en América Latina sobre "democracia" y "legitimidad", su objetivo es transferir el poder a un estrato de derecha que no tiene una base amplia de apoyo dentro del país.

Los objetivos de cambio de régimen de Washington están ligados al objetivo mayor de los conglomerados de energía de EE.UU. para reafirmar su otrora hegemonía sobre el petróleo de Venezuela, las reservas probadas más grandes del mundo, así como la estrategia de confrontación global del Pentágono con los llamados “poderes revisionistas” de China y Rusia, que han establecido vínculos económicos y políticos con Caracas.

Los principales medios para lograr estos objetivos son la fuerza militar. El propio Trump ha declarado que la opción militar permanece "sobre la mesa" en relación con Venezuela y ha preguntado repetidamente a sus asesores, así como a los jefes de estado latinoamericanos, sobre la posibilidad de una intervención militar para derrocar al Gobierno venezolano.

Mientras tanto, altos funcionarios de los Estados Unidos han recurrido repetidamente al ejército venezolano, que mantiene el balance de poder dentro del Gobierno de Maduro, así como el control sobre sus agencias más lucrativas, para que hagan una intervención.

El año pasado, el exsecretario de Estado de EE.UU., Rex Tillerson, declaró que "en la historia de Venezuela y los países de América del Sur, a menudo los militares son el agente de cambio cuando las cosas están mal y el liderazgo ya no puede servir al pueblo". El senador republicano Marco Rubio de Florida, que está dirigiendo en gran medida la política de Estados Unidos hacia América Latina bajo la administración de Trump, expresó el mismo tema en Twitter: “El mundo apoyaría a las Fuerzas Armadas en #Venezuela si deciden proteger a la gente y restaurar la democracia removiendo a un dictador”.

El tweet de Pompeo el jueves, que apela a las fuerzas de seguridad venezolanas, es parte de una campaña más amplia y coordinada.

El 5 de diciembre, en el período previo a la inauguración de Bolsonaro en Brasil, su vicepresidente, el general Hamilton Mourão, dijo a una audiencia de ejecutivos de negocios que no tenía dudas de que Maduro sería derrocado por el ejército venezolano. "Habrá un golpe de estado en Venezuela", dijo, "y las Naciones Unidas tendrán que intervenir con una fuerza de paz ... y estará ahí el papel de Brasil para liderar esta fuerza de paz".

Mientras tanto, el nuevo presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó de Voluntad Popular, un partido de extrema derecha que ha recibido decenas de millones de dólares en fondos de USAID y la Fundación Nacional para la Democracia (National Endowment for Democracy) americano, dijo al congreso que el segundo término "ilegítimo" de Maduro había interferido con la "cadena de mando" de las fuerzas armadas y había apelado directamente a los militares para "restablecer la democracia".

Tal resolución de la crisis en Venezuela será implementada solo por medio de una intensificación masiva del derramamiento de sangre y la represión contra la clase obrera venezolana.

La tarea de liquidar cuentas con Maduro y los corruptos elementos militares y capitalistas que él representa es la de los trabajadores venezolanos, no la CIA y el Pentágono. Las amenazas de intervención militar y violencia contrarrevolucionaria en Venezuela solo pueden responderse a través de la movilización de la clase obrera independientemente del Gobierno y de la oposición de derecha, así como de sus respectivos sindicatos afiliados, en una lucha política para poner fin al capitalismo como parte de una revolución socialista en las Américas e internacionalmente.

(Publicado originalmente en inglés el 11 de enero de 2019)