El presidente de Perú busca la unidad con las grandes empresas para atacar los estándares de vida de los trabajadores

por Cesar Uco
5 diciembre 2018

La Conferencia Anual de Ejecutivos de Perú (CADE-Ejecutivos 2018) concluyó el sábado pasado después de tres días de discusión entre funcionarios gubernamentales, empresarios, académicos y políticos.

El objetivo pretendido del evento anual es buscar soluciones a los problemas económicos y sociales que afectan al Perú. No se menciona en el "folleto" de la conferencia el verdadero propósito de la conferencia: involucrarse en un pensamiento estratégico sobre cómo tratar con la clase trabajadora.

Al cerrar CADE 2018, el presidente peruano Martín Vizcarra habló de la importancia de ganar un voto de "sí" para su referéndum de cuatro puntos que se realizará el 8 de diciembre.

El referéndum se introdujo en un intento por salvar el colapso del Estado burgués en crisis del Perú. Vizcarra lo está utilizando en un intento cínico de capitalizar el odio y desdén general de los peruanos por las instituciones gubernamentales y la ira por las revelaciones de la profunda corrupción sistémica que ha caracterizado a todos los gobiernos recientes y prácticamente a todos los partidos políticos.

Los cuatro puntos sobre los cuales se les pedirá a los peruanos votar "sí" o "no" incluyen: 1) una reforma del sistema judicial corrupto del país, que cuenta con el 59 por ciento de apoyo en las encuestas recientes; 2) una reforma constitucional que restringe el financiamiento de la campaña, con 62 por ciento de respaldo; 3) una reforma constitucional que prohíbe la reelección inmediata de los miembros del Congreso, con un 68 por ciento, y 4) una enmienda constitucional que divide a la legislatura nacional en dos cámaras, a la que se opone un 54 por ciento en las encuestas.

Vizcarra asumió el cargo en marzo luego de que su predecesor, el ex banquero de Wall Street, Pedro Pablo Kuczynski, renunció para evitar el juicio político por cargos de compra y alteración de votos. El referéndum tiene como objetivo justificar la postura del nuevo presidente como un reformador anticorrupción.

Detrás de esta supuesta cruzada contra la corrupción y la reconfiguración de los elementos del estado peruano, sin embargo, el gobierno de Vizcarra está persiguiendo otra agenda más acuciante, que se explicó en la reunión de ejecutivos de negocios.

La apelación de Vizcarra a la cumbre empresarial fue formar un frente unido contra la clase trabajadora en busca de reducir una amplia gama de costos laborales, que incluyen atención médica, vacaciones pagadas, bonificaciones y compensación de antigüedad.

Presentó un Plan Nacional de Competitividad gubernamental-empresarial como el remedio necesario para el crecimiento asombroso del sector informal en la economía peruana, que según el Instituto Nacional de Estadísticas e Información ahora representa el 72 por ciento de la fuerza laboral.

"Uno de los factores que elevan la informalidad es el alto costo de la mano de obra, que se ha triplicado... En consecuencia, el empleador elige contratos temporales". En otras palabras, la cura para la informalidad es reducir la compensación de los trabajadores a tiempo completo que gozan de beneficios al nivel de aquellos que trabajan como mano de obra temporal y ocasional.

Según una encuesta realizada en la conferencia, Vizcarra obtuvo un índice de aprobación del 76 por ciento entre los miembros del CADE, una indicación de que la clase dominante ve la necesidad de cerrar filas para poder obtener más ganancias del trabajo de los trabajadores peruanos.

El presidente peruano también utilizó su discurso de clausura ante el CADE 2018 para refutar los cargos de Roque Benavides, presidente de Mina Buenaventura, una de las minas de oro más grandes del mundo. Benavides, cuyas minas son conocidas por contaminar los campos utilizados por los campesinos para cultivar y criar animales, también es presidente de Confiep --Confederación Nacional de Instituciones de Empresas Privadas. En la víspera de la conferencia, afirmó que el poder judicial estaba persiguiendo a los grandes empresarios.

Independientemente de la fricción entre el presidente y las secciones más derechistas de la burguesía peruana que desean carta blanca en llevar a cabo prácticas ilegales, no existe un desacuerdo serio sobre la estrategia básica. Al responder a Benavides, Vizcarra adoptó el lenguaje más conciliador e insistió: "Proponemos a los empresarios participar en una agenda conjunta..."

El asalto que está preparando Vizcarra y las grandes empresas está siendo impulsado por el declive de la economía peruana. El aumento de las tasas de interés en los EUA y el consecuente movimiento al alza del dólar ha afectado a Perú, al igual que tiene todas las llamadas economías de "mercado emergente", mientras que las exportaciones, incluso en el sector minero dominante, han sufrido un fuerte descenso reciente.

Para lograr los objetivos de su gobierno y la clase dominante capitalista peruana para reducir los costos laborales, Vizcarra necesitará el respaldo no solo de los partidos burgueses tradicionales del país, sino también de las organizaciones obreras corruptas e infectadas por el crimen y de los partidos de izquierda de la burguesía: el Frente Amplio de Marco Arana y Nuevo Perú de Veronika Mendoza.

Tras el anuncio de Vizcarra de su referéndum planificado, el Frente Amplio se movió rápidamente para respaldarlo. El congresista del Frente Amplio Justiniano Apaza respondió: "... el anuncio de iniciar el procedimiento significa convocar a los ciudadanos e instituciones involucrados e iniciar un gran debate nacional sobre las reformas necesarias".

El referéndum también cuenta con el apoyo de la izquierda burguesa y ex candidata presidencial Veronika Mendoza: "Desde el primer momento, Nuevo Perú apoyó el referéndum porque creemos firmemente que, en la democracia, el pueblo es soberano y debe ser escuchado".

Contrariamente a las ilusiones promovidas por estos elementos de la izquierda burguesa, el referéndum servirá como encubrimiento para la implementación del Plan Nacional de Competitividad, un ataque frontal a los derechos de la clase trabajadora para satisfacer las demandas tanto del capital extranjero como de la burguesía peruana.