Manifestaciones multitudinarias del Día del Trabajador en Costa Rica anticipan nuevo Gobierno derechista

por Andrea Lobo
5 mayo 2018

Miles de trabajadores en Costa Rica tomaron las calles dos veces en una semana anticipando la inauguración del nuevo Gobierno derechista elegido en los comicios de abril. La formación de un Gobierno de coalición incorporando a todos los principales partidos capitalistas constituye un intento de la élite gobernante para fortalecerse para imponer una larga lista de medidas de austeridad exigidas por Wall Street. El Gobierno de coalición conformará la administración más derechista en la historia del país desde la dictadura de los Tinoco durante la Primera Guerra Mundial.

El 8 de mayo, el presidente electo Carlos Alvarado del oficialista Partido Acción Ciudadana (PAC) tomará el poder, pese a haber recibido solo el 21 por ciento de los votos en la primera ronda en febrero y haberle ganado al previamente débil Partido Restauración Nacional (PRN) en la segunda ronda, en medio de niveles de participación electoral históricamente bajos.

La burguesía teme que la implementación de las medidas de austeridad esté creando las condiciones para nuevas explosiones sociales. En su último discurso al Congreso el miércoles, el presidente saliente, Luis Guillermo Solís, advirtió que “el viejo presidencialismo bipartidista” ha dado paso a una “turbulencia inevitable cuando las viejas estructuras se resquebrajan… En algunos, escenarios, estas tensiones se han decantado con violencia, en otros con reformas”.

Carol (derecha) y compañeras de trabajo de Golfito

A pesar de su poco notable historial político, el presidente electo de 38 años, Alvarado, le demostró a la élite gobernante su voluntad para atacar a la clase trabajadora, particularmente a sus secciones más militantes entre los trabajadores del sector público. Durante su año como ministro de Trabajo durante el mandato de Solís, negoció convenios históricos que recortaron por primera vez los beneficios laborales de los empleados de los bancos, puertos y refinerías estatales. Alvarado puso en vigencia el renovado Código de Trabajo que implementó restricciones y sanciones criminales para las huelgas y facilitó llevar a cabo despidos masivos. Además, impuso una nueva fórmula para el salario mínimo en el sector privado que está cayendo en poder adquisitivo real.

Todos los principales sindicatos han formado acuerdos con el oficialismo que fueron intermediados por el partido pseudoizquierdista, Frente Amplio. Además, se alinearon detrás de Alvarado en las elecciones, llamando por darle un apoyo “crítico” a través de las recientes manifestaciones a fin de prevenir el surgimiento de una oposición independiente.

El 25 de abril, los sindicatos convocaron una jornada de huelga para descargar las tensiones y apuntalar su control sobre la oposición social.

La participación fue inmensa. Todos los hospitales públicos, excluyendo a los servicios de emergencias, todas las escuelas y universidades públicas, los trenes y otros servicios públicos fueron paralizados, esto para protestar principalmente el detestado “combo fiscal” que el nuevo gobierno planea abordar en primera instancia. La medida incluye un impuesto al valor agregado, el cual sujeta a un conjunto de nuevos bienes y servicios al impuesto de ventas dirigido contra los pobres y los trabajadores.

Otra manifestación importante contra estas políticas reaccionarias fue organizada por los sindicatos y sus partidarios pseudoizquierdistas el primero de mayo en el centro de San José. Los sindicatos condujeron la marcha para que deliberadamente evitara el edificio de la Asamblea Legislativa, donde estaban siendo inaugurados los nuevos congresistas en ese momento.

Ahogando cualquier discusión e incluso cánticos de los mismos trabajadores reclamando sus demandas, la atmósfera estaba saturada con música festiva de los altoparlantes, grupos de carnaval traídos por los mismos sindicatos y discursos serpenteantes y conservadores de los operadores sindicales.

Los reporteros del World Socialist Web Site conversaron con trabajadores en la marcha del Día Internacional del Trabajador. En el momento en que un burócrata del sindicato de maestros de secundaria APSE gritaba “Le dimos el voto al Gobierno para ser escuchados”, el WSWS entrevistaba a Carol, una cocinera de un colegio en Golfito, y a sus compañeras, quienes insistían en que no apoyaban al Gobierno entrante del todo.

“Hay luchas muy duras para los trabajadores”, indicó Carol, “y necesitamos una huelga indefinida”. Sin embargo, expresó incertidumbre a que el sindicato convocaría tal acción. Cuando se le preguntó sobre la serie de huelgas en Estados Unidos organizadas por los maestros y trabajadores escolares de forma independiente de los sindicatos, Carol indicó que había escuchado sobre ello, expresó solidaridad y mostró apoyo a la idea de organizarse internacional e independientemente, especialmente a través de las redes sociales.

Trabajadores de Recope

En el momento en que se acabó la conversación, el representante de la APSE, un sindicato público considerado como el más “combativo”, declaraba, “Acá no hay divisiones, necesitamos unidad nacional”, haciendo eco de los llamados del Gobierno del PAC. Ante esta colusión tan clara con la clase gobernante, la marcha este día fue una de las más pequeñas en años recientes, mientras que, en la página de Facebook de la APSE, los maestros denunciaban que “nos bailan los sindicatos” y que “un día de huelga no le hace ni cosquilla al gobierno”.

Los oficiales sindicales han buscado crear ilusiones en la próxima Administración. A pesar de que los trabajadores entrevistados por el WSWS dijeron indignados que “nuestro contrato fue negociado a la baja por el mismo Carlos Alvarado”, también expresaron ilusiones en el hecho de que los lazos del sindicato con el Gobierno podrían ser ventajosos para ellos.

En el 2016, Sitrapequia, su sindicato, acordó con Recope y el Ministerio de Trabajo recortar alrededor de $9 millones de beneficios laborales por año. Sin embargo, un trabajador argumentó que “tener un campo en la mesa en el próximo Gobierno ayudará a luchar contra el próximo Gobierno.”

Asimismo, Luis, un extrabajador de la fábrica de fertilizantes Fertica, representado por el Sindicato Industrial de Trabajadores Eléctricos y de Telecomunicaciones (SITET), comentó, “el sindicato nos ha ayudado, y no creo que el lazo con el Gobierno haga daño, pero hay necesidad de unirnos los trabajadores”. Después de explicar cómo los trabajadores en Panamá y Colombia han atravesado luchas como las de los trabajadores de Fertica e indicando que se necesita una “gran lucha”, concluyó: “La lucha tiene que ser internacional”.

Luis (derecha) y compañero de trabajo de Fertica

La batalla contra Fertica, la cual ha sido privatizada desde entonces, demuestra de hecho que tales lazos corporativistas entre los sindicatos y el Gobierno están dirigidos en contra de los trabajadores. La empresa pública respondió a una huelga en 1995 de 300 trabajadores que protestaban el incumplimiento del acuerdo existente despidiéndolos a todos sin indemnizaciones.

Mientras que el Ministerio de Trabajo y las cortes les dieron la espalda, el sindicato nunca trabajó para movilizar a los trabajadores nacional ni internacionalmente. En cambio, desmoralizó a los trabajadores —más de 50 ya fallecieron— por medio de apelaciones interminables para mejorar sus lazos con el Estado y los nuevos dueños de la empresa, incluso empleando enormes recursos para ganar inútiles fallos de la Organización Internacional del Trabajo de las Naciones Unidas y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Los sindicatos han estado colaborando estrechamente con el Gobierno para desmovilizar la oposición a los dictados de las agencias crediticias. Desde que llegó al poder Luis Guillermo Solís en el 2014, según la base de datos “Protestas” de la Universidad de Costa Rica que cubre las acciones colectivas”, los días de huelga y paros han caído precipitosamente cada año.

La caída en los días de huelga y paros laborales por año involucrando a un sindicato (columna del medio) y sin un sindicato (columna derecha)

Mientras que los docentes públicos hicieron huelga por casi cuatro semanas en el 2014, el Gobierno ha continuado su reaccionaria agenda mientras que los sindicatos han luchado por garantizar la menor resistencia posible. En enero del 2017, estas organizaciones amenazaron con convocar una huelga indefinida nacional contra la Ley de Empleo Público, la cual sigue siendo planeada para recortar los aumentos salariales anuales (anualidades) y otros beneficios de forma generalizada. Edwin Solano, presidente de la Unión Médica Nacional afirmó en ese momento, “hemos negociado hasta el cansancio para no llegar a una situación de confrontación social; sin embargo, nos están obligando a eso”.

Eventualmente, los sindicatos simplemente dejaron de mencionar la huelga y ahora se han alineado con un Gobierno compuesto por los viejos partidos oligárquicos, el PAC, y el Frente Amplio, que intenta incorporar esencialmente las mismas clausulas reaccionarias de la Ley del Empleo Público en el proyecto de ley del “combo fiscal”.

Después de todo, el nuevo código laboral añade protecciones a despidos para los líderes sindicales, mientras que les facilita su trabajo al fortalecer a los tribunales para que rechacen cualquier apelación de las bases obreras.

Los trabajadores del sector público han estado al frente de la oposición en la clase trabajadora contra las últimas cuatro décadas de Gobiernos contrarrevolucionarios. Durante este periodo, estos trabajadores han combatido los ataques contra los servicios públicos sobre los cuales depende la población para tener acceso a la salud, educación e infraestructuras públicas.

Si bien los sindicatos se han visto presionados para convocar huelgas simbólicas y torcerle el brazo al Gobierno para que desista de sus intentos para privatizar los servicios públicos directamente y atacar los salarios y beneficios de los empleados públicos, la clase gobernante —conspirando con los mismos sindicatos— simplemente ha adoptado diferentes tácticas para imponer esencialmente las mismas medidas exigidas por el capital nacional y extranjero.

Estas se han centrado en asociaciones público-privadas y la cada vez mayor apertura de los mercados de salud, educación, y servicios públicos de forma en que el Estado asume los costos, mientras que las escuelas, clínicas y compañías de infraestructura y telecomunicaciones privadas extraen tremendas ganancias.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 4 de mayo de 2018)