Sindicatos docentes intensifican esfuerzos para suprimir crecimiento de lucha de clases en EUA

21 marzo 2018

El domingo por la noche, la Asociación Nacional de Educación (NEA, todas las siglas en inglés) finalizó la huelga de 4.000 maestros y personal auxiliar en Jersey City, el segundo mayor distrito escolar del estado de Nueva Jersey. La NEA ordenó a los educadores a regresar a clases sin proveer detalles del acuerdo en consideración, ni hablar de permitirles votar al respecto. Asumiendo que siquiera exista un acuerdo, es claro que no cumplirá las demandas de los docentes de acabar con las subidas abrumadoras en los costos de atención médica.

La huelga de un día es la más reciente de una serie de protestas y llamados a huelgas que se han extendido de West Virginia a Oklahoma, Kentucky, Arizona, Tennessee, Colorado, entre otros estados, además del territorio estadounidense de Puerto Rico, donde los maestros realizaron un paro el lunes contra la privatización de las escuelas.

La lucha docente en Jersey City expone el papel del Partido Demócrata, el cual apoya tanto como los republicanos los ataques contra los educadores y contra la educación pública. Está en cuestión el proyecto de ley conocido como Capítulo 78, el cual obliga a los empleados públicos a pagar hasta 35 por ciento de la prima para un seguro médico y elimina un financiamiento pleno de las pensiones para futuros maestros. Fue aprobado en el 2011 con el apoyo de una legislatura controlada por los demócratas.

A pocas horas de la jornada de paro, un juez del condado de Hudson le concedió a la junta escolar de la ciudad, controlada por el Partido Demócrata, una orden judicial obligando a los maestros a volver al trabajo. La grotesca justificación es que los maestros —no los políticos controlados por las corporaciones— estaban “perjudicando irreparablemente” a los alumnos de Jersey City.

La Asociación de Eduación de Jersey City (JCEA) está actuando igual que los sindicatos en West Virginia, los cuales se opusieron a cualquier lucha de los maestros y se dedicaron a finalizarla e imponer un contrato entreguista apenas pudieron. Ante un aumento en el deseo de emprender una lucha unificada por todo el país, la NEA, la Federación Estadounidense de Maestros (AFT) y otras organizaciones afiliadas al Estado conciben su tarea central como la de suprimir la lucha de clases. Harán exactamente lo mismo donde sea que emerja una lucha y no solo entre maestros.

Cualquier trabajador que quiera entender la naturaleza de estas organizaciones debería estudiar cuidadosamente el artículo “Si la Corte Suprema falla en contra de los sindicatos, a los conservadores no les gustará lo siguiente”, publicado en el Washington Post el 1 de marzo. Escrito por Shaun Richman, exdirector organizacional de la AFT, el artículo delinea en términos extraordinariamente honestos el valor de los sindicatos para la burguesía estadounidense.

La motivación del comentario es el caso Janus vs. AFSCME siendo discutido por la Corte Suprema de EUA sobre la constitucionalidad de las “cuotas justas” o “de agencia”, las tarifas obligatorias para empleados públicos en algunos estados que equivalen a los montos de cuotas sindicales incluso si no son miembros.

“Lo que se les escapa a los simpatizantes de Janus (y a la mayoría de comentaristas) es que las cuotas de agencia no son solo una compensación por los costos financieros de representación”, escribe Richman, “sino también por los costos políticos de representar a todos los miembros en la unidad de negociación y mantener la paz laboral. Como lo señaló el abogado del AFSCME en sus argumentos orales, la cuota de agencia sustituye rutinariamente una cláusula antihuelgas en la mayoría de los contratos sindicales. Si desaparecieran esas disposiciones, los empleadores tendrán caos y discordia en sus manos”.

Es decir, un ingreso estable para estas organizaciones —en la forma de la substracción automática de una porción de los salarios de los trabajadores— es quid pro quo para asumir el “costo político” de “mantener la paz laboral” por medio de la prevención de huelgas.

Continúa: “Las leyes laborales estadounidenses y los empleadores que se benefician de ellas prefieren que, si va a haber un sindicato, solo uno debería ser el representante exclusivo de todos los empleados en el lugar de trabajo. Ese esquema les impone a los sindicatos la obligación legal de representar justamente a todos los miembros de una unidad de negociación, además de una imperativa política de defender los términos del acuerdo como ‘el mejor posible’ ( incluso si incluyera concesiones en cuanto a beneficios y normas laborales ). Recompensa a los sindicatos con un derecho garantizado de existir y una base segura de miembros que pagan cuotas. Pero recompensa a los empleadores con la mucho más valiosa garantía del derecho de dirigir el trabajo sin interrupciones de la empresa mientras la dirigencia sindical tiene que apisonar los berrinches y la cizaña de las bases por la duración del contrato” (énfasis añadido).

En otras palabras, no es una cuestión de si estas organizaciones representan a los trabajadores contra los patrones, sino de si representan a los patrones contra los trabajadores para aplacar “los berrinches [¡!] y la cizaña de las bases”. A sindicatos se les recompensa con un ingreso estable; a las compañías se les recompensa (¡mucho más que recompensa!) con labores ininterrumpidas; y a los trabajadores se les “recompensa” con… concesiones en beneficios y normas laborales.

Una representatividad exclusiva, cuotas de agencia obligatorias, cláusulas antihuelgas y “derechos de gestión”, declara Richman, “son los cimientos de nuestro peculiar sistema de relaciones laborales”, diferente según él al de prácticamente todo otro país.

Su mención del sistema “peculiar” de relaciones laborales en EUA transporta al lector, quizás inconscientemente, a una “institución peculiar” anterior de EUA: la esclavitud. En todo caso, Richman está describiendo un orden que emergió en el periodo después de la Segunda Guerra Mundial en el que los sindicatos, tanto en el sector público como el privado, acordaron abandonar cualquier desafío a los derechos de gestión de la patronal en los lugares de trabajo. Esto se produjo junto a una depuración en lo sindicatos de los militantes socialistas e izquierdistas que formaban la médula del movimiento que luchó por el sindicalismo industrial en los años treinta.

En declaraciones a árbitros en 1956, Arthur Goldberg, asesor general del sindicato siderúrgico estadounidense USW (luego secretario de Trabajo bajo Kennedy y magistrado de la Corte Suprema), enumeró los “derechos inherentes” de la patronal que no eran “ni modificados ni minimizados” por las negociaciones colectivas. “El sindicato no puede ordenar a sus miembros a ir a sus estaciones ni a realizar sus tareas de trabajo… El sindicato no notifica a las personas despedidas que se mantengan en el trabajo. El sindicato no les dice a los empleados que se reporten al trabajo después de un despido… Muy frecuentemente, los representantes sindicales se molestan por decisiones que consideran completamente equivocadas. Sin embargo, el derecho de una compañía a emitir sus propios juicios es claro”.

Durante el periodo de la posguerra, bajo condiciones de crecimiento económico y una predominancia indisputable de las corporaciones estadounidenses sobre la economía global, los trabajadores alcanzaron ciertas conquistas pese al dominio de los sindicatos en manos de burócratas derechistas.

Esto cambió a medida que el capitalismo estadounidense comenzó su declive económico histórico y la clase gobernante giró de una política de relativos compromisos de clase a una guerra de clases y una contrarrevolución social. Cuando Reagan despidió a 13.000 controladores aéreos y encarceló a sus líderes, la AFL-CIO no hizo nada, dando comienzo a décadas de traiciones sin excepción que continúa hasta el día de hoy. Incapaces de avanzar una respuesta progresista a la globalización capitalista, los sindicatos bloquearon toda resistencia de los trabajadores y confabularon con las corporaciones para cerrar plantas y barrer con millones de puestos de trabajo.

Durante este periodo, los sindicatos vivieron una transformación fundamental. Pese a seguirse denominando “sindicatos”, abandonaron todas las tareas asociadas tradicionalmente con los sindicatos, incluyendo la convocación de huelgas, atendiendo los agravios en los lugares de trabajo y oponiéndose a las aceleraciones de las labores y a los abusos de la gerencia. Lejos de expandir la participación de los trabajadores en el ingreso nacional, los sindicatos colaboraron con las corporaciones y el Gobierno para reducirla, aumentando la tajada yendo al cinco por ciento más rico de la población.

Si los líderes sindicales estadounidense “defendieran los ingresos de la burguesía de los ataques por parte de los trabajadores; si condujeran una lucha contra las huelgas, contra subir los salarios, contra ayudar a los desempleados; entonces tendríamos una organización de rompehuelgas, no un sindicato”, anotó León Trotsky en 1937.

Esto es exactamente en lo que se han convertido estas organizaciones. Es necesario evitar la tiranía del lenguaje. Mientras que los trabajadores tienen el deseo de unirse y organizar una oposición conjunta, no cuentan con organizaciones obreras en los “sindicatos”, sino que se enfrentan en ellos a instrumentos corporativistas de la patronal y el Estado, controlados por ejecutivos privilegiados de la clase media-alta (el salario anual de la presidenta de la AFT, Randi Weingarten, es de medio millón de dólares, mientras que Richman recibía $200.000 por sus “servicios” a la AFT).

El mayor temor de estas organizaciones es que surja una oposición que se salga de su control. Si el fallo en el caso Janus minara el monopolio de los sindicatos, Richman evoca el espectro de “nuevos sindicatos más izquierdistas y militantes (o al menos más quejosos)” y “que no estarán satisfechos con las normas laborales y las compensaciones actuales y que tendrán pocos incentivos para conformarse”.

Todas las organizaciones pseudoizquierdistas que defendieron a los sindicatos lo hacen porque quieren mantener el dominio organizacional que ejercen sobre la clase obrera. Denuncian al Partido Socialista por la Igualdad de ser “sectario” supuestamente por rehusarnos a “trabajar dentro de los sindicatos”. De hecho, el PSI lleva a cabo su trabajo político donde sea que estén los trabajadores, incluyendo en sindicatos corporativistas, pero lo hace para luchar por la organización de forma independiente y la iniciativa revolucionaria de la clase trabajadora, no para apuntalar la autoridad de dichas organizaciones antiobreras.

Para la clase obrera, las tareas hacia adelante no incluyen la formación de nuevos sindicatos que acepten y defiendan las relaciones de propiedad capitalistas, ni hablar de solamente reemplazar a los dirigentes. Pese a que puede haber algo “peculiar” sobre la forma desvergonzada en la que los sindicatos estadounidenses abrazan el dominio de la patronal, el mismo proceso de degeneración y transformación ha ocurrido dentro de todas las organizaciones laborales nacionalistas y procapitalistas en el resto del mundo.

Es preciso construir comités de base en las fábricas y los lugares de trabajo, basados en las necesidades y derechos de los trabajadores para unir a todas las secciones de la clase obrera en una lucha común. En oposición al UAW, AFT, NEA y a todos los entes corporativistas, estas organizaciones tienen que rechazar la subordinación de los intereses de la clase obrera ante el sistema capitalista y el Estado, con sus implacables demandas de medidas de austeridad para enriquecer a la oligarquía financiera y para pagar nuevas guerras. En vez de acceder a la dictadura de los gerentes en las fábricas y otros lugares de trabajo, estos comités tienen que reafirmar el derecho a organizar acciones colectivas para oponerse a toda forma de explotación y abuso corporativos.

Por encima de todo, estos comités tienen que rechazar las mentiras que insisten vender los demócratas y los republicanos de que no hay dinero para la educación pública, salarios, pensiones y cuidado de salud dignos para los empleados públicos, al mismo tiempo que derrochan billones de dólares en reducciones a los impuestos empresariales y guerras interminables.

Al luchar por comités de base, el Partido Socialista por la Igualdad insiste en que la lucha de clases tiene que soldarse a una nueva perspectiva socialista y a la batalla por la educación pública, salarios dignos, un cuidado de salud y beneficios jubilatorios completamente pagos, y en que nada de esto es posible fuera de una movilización política independiente de la clase obrera y una ofensiva frontal contra la atrincherada riqueza y poder de los explotadores capitalistas.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 20 de marzo de 2018)

Jerry White

 

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Why are Trade Unions Hostile to Socialism?
[10 enero 1998]