Crece la pobreza entre los estudiantes de la Universidad Comunitaria de Los Ángeles

por Glen Mulwray
31 agosto 2017

En los nueve campuses del Distrito de la Universidad Comunitaria de Los Ángeles (LACCD) estudian 230 mil estudiantes. Una quinta parte de ellos vive sin vivienda y casi dos tercios de ellos no tienen con que comer regularmente. Ese es el resultado de un estudio del otoño de 2016 de la Universidad Wisconsin en Madison que fue publicado a principios de este año, en que participaron más de seis mil estudiantes; éstos se refirieron a niveles críticos de negligencia social, relacionados con el alto costo de vida en Los Ángeles.

El 19 por ciento de los entrevistados están sin vivienda o lo estuvieron hace poco. Un ocho por ciento ha sido expulsado del hogar de sus familias; cuatro por ciento ha sido expulsado de sus departamentos; tres por ciento vive en refugios, seis por ciento no tiene otra opción que vivir en edificios y automóviles abandonados u otros lugares que no son viviendas decentes; finalmente, 11 por ciento no saben donde dormirán la siguiente noche.

Desde 1980, el alquiler medio de los departamentos de Los Ángeles, actualmente $2.511, ha aumentado 55 por ciento. Los ingresos, en cambio, sólo han aumentado 13 por ciento. Para todo el país, la década donde esa diferencia fue entre los años 2000 y 2010, cuando los alquileres suben doce por ciento y los ingresos bajan siete por ciento. Estas son los resultados más salientes de la destrucción de estándares de vida causados por la recesión mundial del 2008. Los alquileres de Los Ángeles en el 2017 son los más altos de este país. El inquilino promedio paga en alquiler el 48,7 por ciento de sus ingresos. La gran población obrera angelina, mayormente negra y latina gasta en alquileres un astronómico 63 por ciento de sus ingresos promedios.

André Medina, un reciente estudiante de la Universidad de la Ciudad de Los Ángeles dice: “hace unos años, cuando yo empecé mis estudios en LACC, pagaba unos $800 mensualmente por un departamento tipo estudio cerca de este campus. La semana pasada hablé con un nuevo inquilino que ahora paga $1.200 por un departamento similar. Vivir cerca de la universidad es imposiblemente caro”.

La Autoridad de Viviendas del Condado de Los Ángeles está a cargo de la distribución de pagarés Sección Ocho, el programa federal de ayuda al inquilino. En abril de este año, cuarenta mil personas estaban en la lista de espera de la Autoridad de Viviendas. El promedio de espera para recibir un pagaré es de 11 años. Por esa razón, la Autoridad ya no acepta más nombres.

El gobierno del presidente Trump propone destripar al Departamento de Viviendas y Desarrollo Urbano (HUD), recortando $6 mil millones del presupuesto del 2018. Este recorte incluye una reducción de $974 millones del programa de pagarés Sección Ocho.

Varios estudios indican que se ha hecho epidémica la crisis de los sin vivienda en el Condado de Los Ángeles. Se estima que viven entre 47 mil y 58 mil personas sin techo cada noche (lea “La crisis de vivienda se acelera en el condado de Los Ángeles” [en inglés]).

La crisis de vivienda obliga a los habitantes de Los Ángeles a tomar difíciles decisiones de presupuesto. Es una de las principales causas de la inseguridad alimenticia. El 59 por ciento de los encuestados mencionaron pasar por periodos sin poder comprar suficientes alimentos, el 75 por ciento sin poder comer alimentos balanceados, el 50 por ciento corta porciones, el 42 por ciento pasa hambre.

Dice Rachael García, otra graduada de LACC, “cuando me mudé a Los Ángeles para vivir cerca de LACC, viví en un departamento de dos dormitorios en Hollywood. Compartía un cuarto con mi novio, por $1.200 por mes. Alimentarnos era un problema constante. Me vi obligada a cocinar cada comida, incluyendo mis meriendas que llevaba a la universidad, cosa que es una difícil exigencia de tiempo dado que uno tiene que lidiar con estudiar y trabajar a tiempo completo, teniendo en cuenta cuanto tiempo toma usar el transporte público en Los Ángeles.

“Cuando no tenía tiempo para cocinar, mi única opción era comprar un taco o algo similar en un restaurante al paso, que no es suficiente alimentación. Una se acostumbra al hambre. Una vez fui a una pizzería, saliendo de la universidad y no aceptaron mi tarjeta; el dinero de mi beca no había llegado. El tipo detrás del mostrador comentó que lo mismo le estaba pasando a otros estudiantes. ¡El semestre pasado no recibí ni un dólar de mi ayuda financiera hasta que el fin del año! Por suerte mi padre pudo ayudarme con un poco de dinero. No quiero imaginar que hubiera pasado sin ese auxilio. Mis amigos están en esa situación, sin posibilidad de ayuda de sus familias”.

Esta reciente investigación es congruente con otras, incluyendo una investigación del 2016 de la Universidad de California (UC) que descubrió que cuatro de cada diez estudiantes de esa institución no cuentan con suficientes alimentos. Una investigación del 2015 de las universidades del Estado de California (CSU) descubrió que el 21 por ciento de los estudiantes de ese sistema pasaban por inseguridad de comida.

Sin importarles el aumento de niveles de pobreza entre estudiantes universitarios que esos estudios han revelado, este año las autoridades universitarias proponen aumentar el costo de las matrículas para los estudiantes de esos dos sistemas universitarios, UC y CSU. Los directores de la UC aprobaron un aumento de 2,5 por ciento, el primero en seis años. La junta de dirección de la CSU aprobó un aumento del cinco por ciento.

Imponer a costillas de los estudiantes el costo de los sistemas universitarios es un proyecto deliberado de la dirección del Partido Demócrata de California. Reaccionando a la recesión del 2008, el estado macheteó un tercio del presupuesto para la CSU; al mismo tiempo duplicó, y más, el costo anual de la matriculación, entre el 2006 y el 2011; ahora es $5.472.

Los recortes del presupuesto de las universidades comunitarias de parte del gobernador Jerry Brown (del Partido Demócrata) representan un aún más duro castigo para los estudiantes. Entre el 2007 y el 2013, se machetearon $1,5 mil millones de los presupuestos de los distritos de universidades comunitarias, a pesar de que el costo de matricularse es casi el doble de lo que era hace diez años. Mientras tanto los rocos ganaron más y más.

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