Ofensiva legal de Wall Street

24 junio 2015

Una sarta de decisiones judiciales ha eliminado sanciones que el gobierno había impuesto a las casas financieras de Wall Street por el papel que éstas jugaron en la crisis financiera del 2008. Los tribunales también han socavado reglas y reglamentos financieros que existían antes de la crisis.

El 3 de abril, un tribunal de apelaciones de Estados Unidos aprobó una decisión de diciembre del 2014 revocando la condena de dos gerentes de fondos especulativos de acusaciones, por transar con información privilegiada. El fallo se basa en una nueva y estrecha interpretación de el concepto de información privilegiada que de ahora en adelante hará prácticamente imposible enjuiciar personas que utilizan información privilegiada para su propio beneficio.

Al mes siguiente, otro juez absolvió a JPMorgan Chase de pagar miles de millones de dólares en multas relacionadas con papel financiero respaldado por hipotecas fraudulentas vendidos por Washington Mutual. JPMorgan compró a Washington Mutual en el 2008.

El lunes 15 de junio un juez federal declaró que el Banco Central estadounidense (Federal Reserve, Fed) violó la ley en septiembre de 2008 cuando tomó el control de la mayoría de las acciones de la gigante compañía de seguros American International Group (AIG), despidiendo a su gerencia, a cambio de un préstamo inicial de ochenta y cinco mil millones de dólares (pronto la suma subió a casi ciento ochenta y cinco millones), decisión que tendrá aún más graves consecuencias de largo alcance,.

Estas decisiones de parte de los tribunales son un aspecto importante de la campaña de la aristocracia financiera estadounidense no sólo para eximirse de las acciones penales que desencadenaron la peor crisis económica desde la Gran Depresión, sino para afirmar la dominación sin trabas del capital privado sobre el interés público. Esta campaña sigue creciendo.

Han pasado casi siete años desde el 15 de septiembre del 2008, día en que ocurrió la quiebra de Lehman Brothers; el Fed rescató a AIG el día siguiente. Lo neto de las medidas llevadas a cabo en los años siguientes por los gobiernos de los partidos Demócrata y Republicano desde entonces, con el respaldo del Congreso y los tribunales, es un enorme aumento de la riqueza en manos del un por ciento más rico de la población, una mayor concentración control en un puñado bancos y casas de finanzas de Wall Street y la impunidad de malhechores financieros que son responsables de incalculable sufrimiento humano.

Ni un solo banquero de envergadura ha ido al banquillo, ni mucho menos a la cárcel. Al contrario el gobierno continúa protegiendo a los capos de las finanzas. Los tribunales insisten en reivindicarlos. Maurice Greenberg, ex gerente de AIG y accionista importante en esa empresa, que presentó la demanda que se decidió el lunes, es uno de los ejemplos más notorios de esa calaña.

Thomas Wheeler, juez del Tribunal de Reclamos Federales de Estados Unidos declaró en su fallo que el gobierno "había orquestado cuidadosamente su adquisición de AIG con el fin de ... maximizar los beneficios para el gobierno y para el público contribuyente", crimen que no se puede perdonar.

(En realidad la protección de los intereses del "público contribuyente", nada tuvieron que ver en el rescate fiscal de AIG. Fue totalmente impulsado por el deseo de proteger a la élite financiera, su riqueza y su poder).

"El excesivamente duro trato del gobierno hacia AIG ... fue erroneo y careció de propósito legítimo", escribió Wheeler. Agregó que el Fed "contaba con la autoridad en un momento de crisis para hacer préstamos de emergencia a las entidades en dificultades, como AIG", pero que "no hay nada en la Ley de la Reserva Federal o en cualquier otro estatuto federal que permita un Banco de la Reserva Federal hacerse cargo de una empresa privada y manejar sus negocios como si el gobierno fuera el dueño".

El diario neoyorquino de finanzas, el Wall Street Journal aplaudió la decisión, diciendo que se trataba de una "victoria histórica" para AIG y el sistema de "libre empresa". El periódico dijo que la decisión marcó el comienzo del "largo camino de regreso al periodo anterior al 2008" y la "imposición de límites más normales sobre el gobierno”.

El diario hablo con un profesor de derecho que dijo que el fallo era "una dura lección para que el gobierno piense dos veces antes de intervenir en el sector de empresas particulares y el libre mercado".

En los años previos al fallo del lunes, el multimillonario pleito de Greenberg había sido objeto de ridículo general. “Quijotesca”, la llamaban. Un comentarista la consideró "una comedia del absurdo ... digno de los hermanos Marx o Mel Brooks."

En 2012, un juez de Nueva York rechazó otro pleito similar de Greenberg en contra el Banco de Reserva de Nueva York "con prejuicio", en un fallo que denunció su demanda por ser inverosímil "desde el comienzo".

Greenberg se había visto obligado a abandonar la presidencia y gerencia de AIG en 2005. Autoridades federales habían descubierto que la compañía estaba enredada en fraudes y evasiones fiscales a gran escala. Esto le costó a AIG 1.6 mil millones dólares para resolver múltiples cargos de fraude. Por su parte Greenberg pagó quince millones para resolver las acusaciones de fraude a su persona por parte del una de las entidades regulatoria estadounidense, la Securities and Exchange Commission.

AIG había jugado un papel central en la crisis financiera del 2008. En la década anterior al crack, los principales bancos hicieron una fortuna revendiendo racimos de préstamos hipotecarios de baja calidad, asegurados a través de contratos de canje con AIG y empresas similares y obteniendo altas calificaciones para sus hipotecas por agencias de calificación crediticia, como Moody y Standard & Poor.

Cuando el mercado inmobiliario comenzó a declinar en el período del 2006 al 2007, entraron en quiebra una enorme cantidad de bonos respaldados por hipotecas, creando demandas a las aseguradoras de bonos para compensar las pérdidas de sus clientes. AIG sencaró a decenas de miles de millones de dólares en reclamos de sus clientes, y estaba al borde del colapso en septiembre del 2008 cuando al gobierno la rescató.

La quiebra de AIG habría provocado el colapso de los principales bancos de Wall Street y las instituciones financieras, todos ellos enmarañados en esta pirámide de alto riesgo, junto con los principales bancos de todo el mundo.

El Fondo de Reserva Federal y el Tesoro estadounidense hasta ahora lea han prestado 183 mil millones de dólares a AIG. Ésta distribuyo el dinero entre sus clientes, entre los que se encontraban los más grandes bancos de Wall Street, sin ningún descuento, asegurando un rescate solapado del sistema financiero, dos semanas antes el Congreso había autorizado entregar 750 mil millones de dólares al Programa de Alivio para Activos con Problemas (Troubled Assets Relief Program, TARP).

Como condición para el desembolso de los fondos de rescate, los reguladores exigieron a la junta directiva el 79.9 por ciento de las acciones de la AIG (que entonces no valían nada), para el Fondo de Reserva Federal e imponer una tasa de interés del 12 por ciento.

En marzo del 2009, a pocos meses del rescate de AIG, la empresa se convirtió en el objeto de la indignación pública cuando se reveló que estaba utilizando fondos fiscales para darle a sus ejecutivos in Londres bonos por un monto de cuatrocientos cincuenta millones de dólares. Esa oficina de AIG había sido la principal responsable de unos noventa y nueve millones de pérdidas de la compañía en el 2008.

Mientras que el juez Wheeler no le concedió beneficios monetarios Greenberg, Sí lo habría hecho dada la orientación básica de sus argumentos. El juez se quejó de que el gobierno no le permitía multarlo aún cuando había desobedecido de la Ley del Fondo Monetario.

El crac del 2008 y los posteriores acontecimientos sacan a la luz ciertas realidades fundamentales de la sociedad estadounidense. Todas las instituciones oficiales, incluidas la presidencia, los tribunales, el Congreso y los reguladores financieros, han maniobrado con gran determinación para proteger a los bancos y la élite financiera y permitirles enriquecerse más y más.

La supuesta "democracia" estadounidense es una fachada. La realidad es una plutocracia que los ricos manejan. Esta situación se puede resolver sólo mediante la acción revolucionaria de la clase obrera en la lucha por el socialismo.

Andre Damon