Huelga en el sector público de Costa Rica alcanza tercera semana

por Andrea Lobo
26 septiembre 2018

Los trabajadores del sector público costarricense entraron en su tercera semana de huelga después de que todas las principales centrales sindicales convocaran una “huelga indefinida” el 10 de septiembre por primera vez desde el paro de 15 días contra la privatización de las telecomunicaciones y utilidades públicas.

Después de varios meses de protestas populares en Nicaragua contra recortes a las pensiones y una represión asesina, la persistente huelga al otro lado de la frontera en Costa Rica refleja una militancia creciente de trabajadores en la región dirigida contra las políticas de austeridad y el deterioro en los niveles de vida.

La huelga demuestra, ante todo, dos desarrollos: la implacable internacionalización del resurgimiento en marcha de las luchas obreras en Estados Unidos, América del Sur, Europa y Asia; y el papel de las burocracias sindicales y sus promotores pseudoizquierdistas como el principal obstáculo para unir a los trabajadores internacionalmente y luchar contra el capitalismo.

Los sindicatos han limitado las demandas a remodelar un proyecto de ley fiscal y se han encauzado el enojo social detrás de apelaciones “patrióticas” y vacías hacia el Gobierno más derechista en el país desde la Primera Guerra Mundial.

Desde el principio de la huelga, existía una disposición manifiesta de los oficiales sindicales para acabar con ella. Gilberto Cascante, presidente del sindicato educativo ANDE, les dijo a noticieros a las 8 a.m. el 10 de septiembre, “Espero que [el presidente] Carlos Alvarado entienda que es el pueblo que le pide que se siente a negociar… Estamos luchando por una sociedad de derecho.” Luego añadió: “El mundo ideal es que en cualquier momento nos llamen a hablar, estaremos ahí”.

En primera instancia, el presidente Alvarado rechazó negociar y buscó suprimir la huelga desmontando cortes de ruta y racionamientos de combustibles en las refinerías, lo que llevó a al menos 40 arrestos y un fallecido. Su Gobierno les ha solicitado a los tribunales laborales declarar la huelga “ilegal” y sancionar a los trabajadores si la continúan.

“La reforma fiscal es un trago amargo, pero es la única forma que tenemos a la mano para poder salvar este país”, declaró. A esto, un recolector de basura en huelga le respondió esa semana a la prensa: “Me están tocando el bolsillo y a mi familia, para el arroz y los frijoles, mientras hay personas con salarios multimillonarios y uno va humildemente a trabajar”.

Las encuestas llevadas a cabo por las estaciones televisivas y la Universidad de Costa Rica muestran que un cuarto o menos de la población apoya al Gobierno en oposición a la huelga.

El Partido Acción Ciudadana (PAC) está ahora en su segundo término y encabeza una coalición de “Unidad Nacional” con los partidos tradicionales oligárquicos y el pseudoizquierdista Frente Amplio. El PAC fue en sí creado como una maniobra calculada de la clase gobernante y promovido fuertemente por las mismas burocracias sindicales para descarrilar la oposición expresada por las protestas en 2000 y el movimiento de 2004-2007 contra el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.

Después de arremeter contra prácticamente todos los bloqueos, el Gobierno acordó iniciar negociaciones el miércoles pasado con los sindicatos y la mediación de la iglesia católica. Como lo demostró el “Diálogo nacional” en Nicaragua, la bendición de la iglesia es invocada para reemplazar la de los trabajadores, y para mantener las negociaciones entre bastidores.

El 12 de septiembre, la policía golpeó y arrestó a estudiantes, quienes habían realizado un bloqueo, y luego invadió la Universidad de Costa Rica. Más tarde en la madrugada, la policía le disparó desde atrás a dos adolescentes que participaban en un corte de ruta con llantas en fuego, en una zona empobrecida de Limón.

Antuán Serrano, de 17 años, murió de su herida en la cabeza cuando los vecinos lo llevaban al hospital. Según el único reporte en el sitio realizado por uno de los principales medios, Repretel, los testigos oculares indican que, cuando los policías fueron confrontados por vecinos enojados, simplemente dijeron: “Eso vino desde arriba, del Gobierno”.

Varios incidentes aislados de saqueos de tiendas, quema de vehículos y de una torre de telecomunicaciones, junto a daños a otras infraestructuras públicas, fueron utilizados por el Gobierno para criminalizar a todos los manifestantes y escalar la represión.

El ministro de Seguridad ha comenzado a aparecer en ruedas de prensa junto a un comandante de la Fuerza Pública en silencio, Daniel Calderón, cuyo cargo e historial —fue entrenado por los Carabineros post-Pinochet, la policía chilena, y dio cursos en la escuela militar estadounidense WHINSEC— lo colocan como el conductor de la represión.

Anticipando las medidas represivas, la Embajada estadounidense emitió una advertencia de seguridad previo a la huelga sobre posible violencia. Según cables diplomáticos publicados por WikiLeaks, Washington había entrenado a unidades especiales y coordinado estrechamente con la policía costarricense en preparación para las protestas contra el TLC.

El primer fin de semana, el sindicato ANEP, que incluye a oficiales policiales y está efectivamente liderando la huelga, conspiró con el Gobierno y la prensa en una campaña en defensa de la policía, publicando videos sobre sus difíciles condiciones y escenificando piquetes el lunes con policías fuera de turno al frente de la residencia presidencial.

El déficit anual del Gobierno estará llegando a 7,1 por ciento del producto interno bruto (PIB) este año. El nuevo plan fiscal en discusión reduciría 1,4 puntos porcentuales, pero solo para rebotar de vuelta y aumentar más rápidamente a medida que se fortalece el dólar y suben las tasas de interés. Más de la mitad del déficit corresponde a pagos de intereses de la deuda.

Independientemente del curso que tome este proyecto de ley, la mayor parte los ingresos públicos provendrá de impuestos regresivos sobre las importaciones y bienes de consumo, significando que seguirá fluyendo dinero de los bolsillos de los trabajadores y las capas más pobres a las cuentas bancarias del 10 por ciento más adinerado de costarricenses y del capital financiero internacional. La legislación fiscal solo acelerará esta transferencia de riqueza.

Es por esto por lo que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI) han respaldado abiertamente este plan y por lo que el ministro de la Presidencia, Rodolfo Piza, indicó la primera mañana de la huelga que el Gobierno “le dará tranquilidad a los tenedores de estos bonos que se les pagará… Ahí está el debate en los límites al empleo público que están en el proyecto de ley”.

La propaganda estatal que insiste en que el 10 por ciento más pudiente asumirá el grueso del costo excluye las enormes exenciones impositivas sobre la renta y los insumos de las empresas y los ricos. Por ejemplo, el borrador del proyecto de ley indica que “estarán exentos la compra de bienes y la prestación de servicios que sean destinados a ser utilizados para la producción de bienes y servicios destinados a la exportación”. También exime las ganancias de capital por la venta de “acciones y de otros títulos de participación” dentro del mismo sector empresarial.

Más allá, el proyecto de ley prácticamente consagra la evisceración del gasto social en la Constitución, imponiendo límites al gasto total del Gobierno por debajo del crecimiento económico —más restrictivos según el tamaño de la deuda pública—.

Alvarado ya decretó nuevas fórmulas para actualizar el salario mínimo en el sector privado y público que no están manteniéndose al ritmo de la inflación, además de que redujo la remuneración por horas extra a la mitad y aumentó en uno por ciento las contribuciones obreras al fondo de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).

La ofensiva de austeridad ha estado en marcha por décadas, pero se está acelerando agresivamente. Desde un 20 por ciento a mediados de los ochenta, el porcentaje de trabajadores en el sector público, donde los salarios son en general más altos, cayó a 15 por ciento en 2010 y 14 por ciento en 2017, según datos de la OIT, cayendo a niveles de la década de 1960. Al mismo tiempo, el pago de la deuda ha tomado una proporción cada vez mayor del presupuesto, de 13 por ciento en 1980 a 27 por ciento en 1995, 33 por ciento este año y por lo menos 41,6 por ciento el año siguiente.

El marcado aumento reciente corresponde a una emisión masiva de bonos de deuda a tasas de interés más altas, incluyendo la emisión anunciada en junio de $4 mil millones a mercados extranjeros durante los próximos cuatro años (más de 1,5 por ciento del PIB cada año). Siguiendo la tendencia de los llamados “mercados emergentes”, el Gobierno costarricense aprovechó las bajas tasas internacionalmente después de la crisis de 2008 para expandir y militarizar la policía y llevar a cabo proyectos de infraestructura limitados. Ahora, la economía nacional y global se está ralentizando, lo que se trae abajo las recaudaciones de impuestos, mientras que las tasas de interés están ascendiendo.

En otras palabras, la respuesta de la clase gobernante a la avalancha económica que se avecina ha sido preparar el mayor saqueo de la clase obrera en la historia de Costa Rica.

En este contexto internacional, la demanda vacía de un impuesto progresivo o la consigna de “que los ricos paguen” no supone ninguna amenaza a la continua transferencia de riqueza de los bolsillos de la clase obrera a los pagos de intereses para los ricos. Tampoco constituye una amenaza al continuo empobrecimiento de los trabajadores y, en cambio, representa los esfuerzos de capas pseudoizquierdistas de la clase media-alta que buscan potenciar la imagen de los sindicatos y el Frente Amplio y proveer así una cubierta para la intensificación de la tasa de explotación.

¿Cuáles lecciones pueden extraerse y cuáles son las tareas por delante para la clase obrera en Costa Rica? Los trabajadores necesitan avanzar una respuesta independiente de clase a la crisis, la cual solo es posible mediante la construcción de un auténtico partido socialista revolucionario —una sección del Comité Internacional de la Cuarta Internacional (CICI)— y la elección de comités de base en todos los lugares de trabajo y comunidades obreras, independientes de los sindicatos y de toda la élite política, con la tarea inmediata de vincular sus luchas con las de los trabajadores en el resto de América Latina y más allá.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 25 de setiembre de 2018)