Más de 130 trabajadores inmigrantes arrestados en redadas de ICE en Minnesota y Nebraska

por Alec Andersen
10 agosto 2018

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, todas las siglas en inglés) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), en colaboración con otras agencias policiales federales, estatales y locales, llevaron a cabo una serie de redadas masivas y coordinadas en el norte de Nebraska y el sur de Minnesota el miércoles para detener y deportar a los trabajadores inmigrantes bajo el pretexto fraudulento de defender a los trabajadores de la explotación y el abuso por parte de sus empleadores.

La operación, dirigida principalmente contra trabajadores agrícolas, representa una escalada significativa del régimen de terror de Trump y se produce en medio de esfuerzos constantes de los demócratas y la mayoría de los medios corporativos para restarle importancia a la guerra de la Administración contra los inmigrantes. En cambio, el Partido Demócrata continúa dedicándose en atizar la histeria antirrusa y atacar a Trump como un títere del presidente ruso, Vladimir Putin.

Se les debe advertir a todos los trabajadores de que la continuación y aumento de las redadas en los lugares de trabajo constituyen pruebas para ataques contra trabajadores nativos e inmigrantes, como parte de la preparación del aparato represivo estatal para enfrentar las luchas de las masas trabajadoras. Toda la clase obrera debe movilizarse para exigir que cese el asalto contra los inmigrantes y que sean desmanteladas todas las agencias migratorias propias de la Gestapo, ICE y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Desde tempranas horas el miércoles y hasta la tarde, entre 350 y 400 agentes de varias agencias de seguridad irrumpieron aproximadamente una docena de lugares de trabajo con equipo militar completo, exigiendo documentos de inmigración antes de detener a al menos 14 empleadores por cargos de fraude, fraude electrónico y lavado de dinero, junto con 134 trabajadores. Las redadas se concentraron en la ciudad de O'Neill, Nebraska, ubicada a 250 kilómetros al noroeste de Omaha.

La operación fue una de las más grandes en los 15 años de historia del Departamento de Seguridad Nacional, el cual afirmó que las redadas fueron la culminación de una investigación de meses sobre una trama criminal que involucraba fraude de identidad, robo de salarios y abuso físico infligido a los trabajadores por parte de los propietarios. Según el DHS, los patrones eran el blanco de la operación. Los trabajadores detenidos en las redadas supuestamente iban a ser procesados y puestos en libertad a menos que condenas penales previas justificaran el inicio de los procedimientos de deportación, en cuyo caso permanecerían bajo la custodia del ICE.

Tracy Cormier, la agente especial que dirigió la investigación, le dijo al Minneapolis Star-Tribune "La investigación se inició, básicamente, porque sabíamos que estas empresas estaban engañando a estos trabajadores y engañando a los contribuyentes y engañando a su competencia".

Según Cormier, las empresas se habían involucrado en un plan complejo para contratar premeditada e ilegalmente a trabajadores indocumentados, utilizando números del seguro social falsos para evitar las leyes federales que exigen la verificación de la residencia legal.

La afirmación de que las redadas y los arrestos masivos de trabajadores se llevaron a cabo para defenderlos a ellos y a otros trabajadores que se encuentran en el país legalmente no superan ni el mínimo escrutinio.

Desde que asumió el cargo en enero del año pasado, Trump ha realizado una serie de redadas a estilo militar contra trabajadores nacidos en el extranjero en California y Ohio, en los que también han sido detenidos compañeros de trabajo nativos que defienden a sus hermanos y hermanas inmigrantes. Estas acciones de Estado policial se han llevado a cabo violentando derechos democráticos y el debido proceso.

Las redadas del miércoles se produjeron en medio de una creciente oposición de amplios sectores de la población estadounidense y del mundo a las políticas de Trump y sus protestas de tinte fascista contra los inmigrantes, además de una serie de demandas judiciales que buscan anular la política de separación familiar que ha implementado para aterrorizar a las comunidades inmigrantes.

La demanda más reciente, presentada el martes por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), espera anular el decreto que eliminó la violencia de pandillas y la violencia doméstica como bases legales para otorgar asilo y obliga a que las familias y niños tengan que regresar y enfrentarse a persecuciones o incluso la muerte en sus países de origen.

Sin embargo, la experiencia que ha trascendido después de que una corte ordenara poner fin a la política de separación familiar debería disipar cualquier ilusión de que la Administración de Trump respetará el estado de derecho o los derechos legales fundamentales. Hoy, cientos de niños permanecen separados de sus familias en cárceles para niños o en hogares de cuidado tutelar, con pocas posibilidades de ver a sus padres después de haber sido arbitrariamente etiquetados como "inelegibles para la reunificación" debido a delitos supuestamente cometidos por sus padres u otros pretextos endebles.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 9 de agosto de 2018)