Wall Street exige que Puerto Rico pague

por Rafael Azul
7 octubre 2017

Un día después de la visita de Trump a Puerto Rico, donde despectivamente les dijo a los sobrevivientes que no estaban enfrentando una “verdadera catástrofe”, como la del huracán Katrina del 2005 y que sus demandas de ayuda para la emergencia estaban golpeando el presupuesto de los Estados Unidos, funcionarios de la administración dejaron en claro que no habría alivio de la deuda para este territorio estadounidense devastado por los huracanes.

Trump arrojó toallas de papel y otros suministros en una iglesia local en lo que podría ser descrito como el momento del presidente de los multimillonarios: “deje que coman toallas de papel”. Con el 95 por ciento de los habitantes de la isla sin electricidad, la mitad de la población sin agua limpia, la falta de gasolina y suministros médicos, y un número de muertos, oficialmente 34 ahora y potencialmente cientos más, el presidente dijo que la condición en la isla debido a la respuesta federal fue “nada menos que un milagro”.

Esto contrasta fuertemente con la declaración de Oxfam la semana pasada —una organización antifascista del Reino Unido— indicando que brindaría socorro a la isla debido a la respuesta “lenta e inadecuada” de la administración Trump.

Antes de su visita, Trump habló con el corresponsal de Fox News en la isla, Geraldo Rivera. En la entrevista pregrabada, que fue emitida el martes por la noche, el presidente dijo que era probable que la enorme deuda de Puerto Rico tendría que ser cancelada debido a los enormes costos de reconstrucción, estimados en este momento, en $90 mil millones de dólares.

“Vamos a limpiar eso”, declaró el presidente en referencia a la deuda de 74.000 millones de dólares de Puerto Rico. “Deben mucho dinero a sus amigos en Wall Street y vamos a tener que limpiar eso”, dijo Trump en una manera pseudo-populista. “No sé si es Goldman Sachs, pero quienquiera que sea usted puede despedirse de eso”.

El comentario del presidente produjo una venta el miércoles de los bonos incumplidos de Puerto Rico, que bajaron de 56 por ciento del valor nominal a 36 por ciento.

Funcionarios de la administración se apresuraron a minimizar las declaraciones del presidente y a tranquilizar a los capitalistas buitres que controlan la deuda de la isla.

El jefe de presupuesto de Trump, Mick Mulvaney, dijo a CNN: “Yo no tomaría palabra por palabra esa declaración. No vamos a tratar ahora con las dificultades fundamentales que tenía Puerto Rico antes de la tormenta”.

El jefe de la Oficina de Administración de Presupuesto del Gobierno dejó en claro que no había ningún plan para aliviar la carga de la deuda de la isla. “Puerto Rico va a tener que averiguar cómo arreglar los errores que ha cometido con sus propias finanzas durante la última generación”.

En otras palabras, los puertorriqueños hicieron eso a sí mismos. Con tormenta o sin tormenta, están obligados a pagar la deuda.

De hecho, la enorme deuda de la isla es el resultado de su legado colonial, de una recesión económica de décadas, resultante de las corporaciones fugitivas estadounidenses que buscan mano de obra más barata en otros lugares y del saqueo financiero de la isla por Wall Street, que durante mucho tiempo se ha beneficiado comprando su deuda con alto riesgo y alto rendimiento.

En junio de 2015 el entonces gobernador puertorriqueño Alejandro Padilla declaró que Puerto Rico estaba en una “espiral de la muerte” porque su deuda no es “pagadera ... No hay otra opción ... esto no es política, esto es matemáticas”. Ya habiendo impuesto medidas draconianas de austeridad, Padilla exigió concesiones a los deudores.

Sin embargo, el Promise Act, aprobado por la administración Obama, ordenó que la crisis de la deuda se resolviera con medidas de austeridad cada vez más salvajes que implicaban el desmantelamiento de los presupuestos públicos y de servicios sociales. El Promise Act impuso una Junta de Administración y Supervisión Financiera no elegida que administraría el presupuesto de Puerto Rico y distribuiría los pagos de la deuda entre los deudores.

Los miembros nombrados eran hombres que representaban los poderosos intereses financieros. Por ejemplo, dos de sus miembros, José Ramón González y Carlos García, salieron directamente del Banco de Santander, uno de los bancos que, operando en el medio entre Puerto Rico y los fondos de cobertura, se benefició mucho del diseño de “instrumentos financieros”, para luego venderlos a los inversionistas.

Y no sólo el Banco Santander; otros bancos de Wall Street, incluyendo el infame Goldman Sachs, ayudaron a convencer a los funcionarios de Puerto Rico para que adquieran más préstamos bajo los términos que han sido descritos como “préstamos con pago al día” en un reporte del Proyecto Refund América . El informe describe cómo un préstamo de $4300 millones de dólares se transformó rápidamente en una deuda de $33.500 millones de dólares, a través del mecanismo de interés compuesto. Sugiere que esta parte de la deuda violó la ley puertorriqueña y constituyó una “deuda inconstitucional” que puede ser repudiada judicialmente. Curiosamente, la actual administración del gobernador Ricardo Rosselló se negó a cooperar con este estudio.

“Planeamos hacer más con menos”, fue la frase que Rosselló usó en junio para describir el plan de su administración para lidiar con la implosión financiera de Puerto Rico. A continuación, enumeró las medidas de austeridad y los recortes de empleos que ya se habían promulgado desde que asumió el cargo en enero.

Los $74 mil millones que el gobierno de Puerto Rico adeuda en forma de bonos exentos de impuestos a los fondos de cobertura y a los inversionistas ricos, es el resultado de más de diez años de crecimiento económico negativo, a una rata cercana al dos por ciento al año y a la emigración masiva de trabajadores calificados y profesionales, en un contexto de tres décadas de desindustrialización.

Antes de la tormenta, la tasa oficial de desempleo era del 11,5 por ciento. Cuarenta y seis por ciento de todos los hogares existían bajo una lúgubre línea de pobreza. Un tercio de los trabajadores no eran elegibles para los beneficios del Seguro Social. Un récord de 400.000 puertorriqueños ha salido desde 2007 y se espera que otras 240.000 personas se vayan hacia el 2025.

Los jubilados se encuentran entre los más vulnerables. Hace tres años, el gobierno de Puerto Rico cambió el sistema de jubilación que garantizaba a los trabajadores del sector público una pensión completa después de 30 años de empleo dentro de un sistema que obliga a los trabajadores a trabajar hasta 15 años adicionales para obtener beneficios completos.

Llevando la discusión en el tribunal de bancarrota sobre más recortes de pensiones del sector público, demuestra de hecho que el sistema está programado para quedarse sin dinero en julio, dejando sin pagar unos $50 mil millones de dólares a los pensionados. Se prevé que las pensiones existentes puedan reducirse en un diez por ciento o más. La parte B de Medicare (programa de cobertura de seguridad social) impuesta por el gobierno federal obliga a muchos ancianos a pagar más por su atención médica.

Si el banco de la Reserva Federal de Estados Unidos hubiera adoptado los mismos criterios con Puerto Rico —usados con las entidades financieras de Wall Street tras la quiebra de 2008-2009, a las cuales consideró “demasiado grandes para fallar”— hubiera comprado los activos tóxicos de Puerto Rico hace mucho tiempo. Eso nunca sucedió y ahora la gente que sufre en la isla debe ser exprimida de nuevo.

En su lugar, la clase obrera en Puerto Rico y en el continente americano debe exigir la cancelación de la deuda y el fin del saqueo de los bienes públicos. Los bancos de Wall Street y otras gigantescas instituciones financieras deberían transformarse en empresas públicas de propiedad colectiva de la clase trabajadora y ser controladas democráticamente.

Solamente de esta manera se pueden invertir los cientos de miles de millones necesarios en Puerto Rico para reparar y actualizar la red eléctrica, el sistema de agua y el sistema de control de inundaciones, las carreteras y las escuelas, que son esenciales para el funcionamiento de una sociedad moderna.